Once formalizados. US$191 millones de perjuicio estimado. Y una decisión ya tomada: cinco de ellos pasarán los próximos meses en prisión preventiva.
Ese es hoy el caso Sartor, la administradora general de fondos (AGF) que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervino a fines de 2024 y cuya formalización comenzó el 30 de julio. El tribunal ordenó la prisión preventiva del excontrolador Pedro Pablo Larraín y del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, entre otros imputados.
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La Fiscalía sostiene que usaron el dinero de los aportantes para financiar empresas ligadas a ellos. Las defensas lo niegan y acusan errores en el cálculo del daño.
La CMF ya aplicó multas e inhabilidades, pero eso es la vía administrativa. La causa penal, la que puede terminar en cárcel, recién comienza.
¿Qué era Sartor y qué debía hacer con el dinero?
Una AGF, definió Hugo Caneo, exjefe del Área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy CMF, es "una sociedad administradora de fondos, sujeta a la Ley 20.712 Única de Fondos". En otras palabras, explicó, es una empresa que reúne dinero de terceros y lo invierte por ellos a cambio de una comisión.
El límite estaba escrito. Cada fondo tiene un reglamento que fija en qué invertir y con qué topes, y el aportante compra cuotas cuyo valor depende de esos activos. Sobre esa estructura pesa un deber fiduciario: un "deber general de cuidado respecto de los recursos que los aportantes le habían confiado", dijo Caneo.
¿Quiénes ponían ahí su dinero? "Fondos de jubilados, de personas que ahorraron y que, en vez de dejar el dinero en el banco, lo entregaban a esta AGF", apuntó Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance.
Buena parte de esos recursos iba al mercado de deuda privada: préstamos a empresas que no consiguen crédito bancario y pagan tasas más altas. Un negocio que, advirtió Roberto García, director ejecutivo de Quaos Advisory, "por definición tiene una contraparte riesgosa".
¿Qué detectó la CMF?
La fiscalización detectó que recursos de los fondos se habían utilizado para financiar créditos a personas ligadas a los directores y accionistas de la propia administradora.
Según explicó Caneo, la Comisión para el Mercado Financiero cuestionó el incumplimiento de los reglamentos internos que deben cumplir conforme a la ley y la falta de diligencia en la administración de los recursos de terceros.
También cuestionó cómo se resguardaron los intereses de quienes habían confiado su dinero a la administradora. "Haber actuado con conflictos de interés al privilegiar intereses propios, dejando como secundarios los de los aportantes, e incluso en su perjuicio, no haberles dado la información respecto a esas operaciones, e incluso no revelar la información a la CMF ni en sus estados financieros", añadió.
Las medidas escalaron rápido: prohibición de captar clientes y de operar con partes relacionadas, y en diciembre de 2024, la suspensión de los retiros, la revocación de la autorización de existencia y la designación de un liquidador encargado de vender los fondos que quedaban y devolver lo que se pudiera.
La sanción llegó en noviembre de 2025: multas por 367.500 UF (unos $14.500 millones) contra ocho exdirectivos y cinco años de inhabilidad, luego rebajadas a 337.500 UF. Una de las más severas aplicadas por la CMF.
¿Qué pasó con los ahorros?
El efecto fue en cadena. Si las empresas que recibieron los créditos no pagaban, el fondo valía menos y la cuota de cada aportante también. Con los retiros bloqueados, nadie podía salir.
Paulina Flores, de 78 años, vendió su departamento para invertir en la gestora. "Lo perdí todo. No tengo ahorros. No tengo ingresos", declaró en Canal 13. Hasta la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, figuró entre los afectados.
En una carta pública, 55 aportantes escribieron que no saben "cuánto ni cuándo" recuperarán sus inversiones. "En tres, cuatro años más, lo mejor es la solución, pero no me queda vida para esperar", resumió Flores.
¿Qué se les imputa?
La formalización, aclaró Reyes, solo comunica que existe una investigación: no equivale a una condena.
La mecánica que investiga la Fiscalía es otra. "Tomaban el dinero depositado por los clientes y, en lugar de invertirlo en algo seguro, se lo prestaban a empresas controladas por los mismos directores, ejecutivos o personas vinculadas", señaló el director jurídico de Prelafit Compliance.
Los delitos imputados varían según el rol de cada acusado: administración desleal, apropiación indebida, lavado de activos, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa y contrato simulado.
Los formalizados son los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, Michael Clark, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Juan Carlos Jorquera, Sergio Yáñez y Hugo Baranda.
¿Qué dicen las defensas?
El alegato central de Jaime Winter, defensor de Pedro Pablo Larraín, apunta al cálculo: la Fiscalía "ha equiparado exposición con perjuicio", y la formalización sería "en extremo desprolija".
El argumento es jurídicamente relevante. La administración desleal, precisó Reyes, "requiere que la conducta cause perjuicio; sin perjuicio no se configura". Clark, en tanto, negó haber obtenido provecho: "Jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie", declaró ante la Fiscalía.
A eso se sumó un giro reciente. El 11 de agosto, la Corte Suprema declaró ilegal, de forma unánime, la revocación de existencia que la CMF dictó en diciembre de 2024, por vulnerar el debido proceso. El fallo no se pronuncia sobre las irregularidades de fondo ni toca las multas de noviembre de 2025.
¿En qué va el proceso?
Los querellantes han respaldado la tesis del Ministerio Público. La abogada Susana Borzutzky habló de "un fraude de proporciones históricas".
El tribunal ya dictó las primeras cautelares: arresto domiciliario total para Óscar Ebel, Alfredo Harz y Hugo Baranda, y arresto parcial con firma para Mauro Valdés y Miguel León.
Ebel se autodenunció y, junto a Harz, acordó cooperar con la Fiscalía.
La decisión más relevante llegó el miércoles 18 de agosto. La magistrada Paulina Moya, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, de Michael Clark, del exsocio de Sartor Rodrigo Bustamante y del excontrolador del factoring Emprender Capital, Sergio Yáñez.
Al fundar su resolución, el tribunal dio por acreditada, en esta etapa procesal, la existencia de seis de los siete delitos investigados. Entre ellos, el lavado de activos, el fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y distintos tipos de estafa.
El único de los siete ilícitos analizados que no fue considerado acreditado en esta etapa fue el delito de contrato simulado.
¿Qué tiene que ver Azul Azul?
Azul Azul, la concesionaria que administra al club de fútbol de la Universidad de Chile, aparece en la causa por el origen del dinero con que fue comprada, no por lo deportivo.
En 2021, el fondo Tactical Sport, administrado por Sartor, compró el 63,07% de la sociedad. Según la Fiscalía, los recursos provinieron de los fondos 'Sartor Táctico' y 'Sartor Leasing' y su origen habría sido ocultado.
"Una persona que invirtió su fondo de jubilación pudo terminar invirtiendo en Azul Azul", señaló Reyes. Clark dejó el control del club a fines de julio.
¿Qué se juega con la Ley de Delitos Económicos?
Esta sería la primera causa de impacto público en aplicar el nuevo texto de la Ley de Delitos Económicos, que endureció el trato a los delitos popularmente conocidos como de 'cuello y corbata'.
La normativa eliminó algunas salidas habituales: ya no hay rebaja automática para quien no tiene antecedentes ni cambio de las penas cortas por firma mensual. "Si te condenan a 3 años, son 3 años de cárcel", graficó el director jurídico de Prelafit Compliance.
A partir de ahora comienza un plazo de investigación, que puede prorrogarse, tras el cual vendrían salidas alternativas para los de menor participación y acusación para el resto. "Hay que prepararse para un proceso que puede durar un par de años", advirtió Reyes.
Hasta hoy hay multas del regulador, una investigación penal en curso y dinero pendiente de recuperar. Condenas, todavía ninguna.
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