ICARE reunió en su sede al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, junto a dos exsubsecretarios de Hacienda y dos senadoras de oficialismo y oposición para debatir la Ley de Reconstrucción Nacional.
El proyecto, que ya completó su primer trámite en la Cámara de Diputados, está actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, y su tramitación concentra un debate que mezcla la urgencia del contexto económico, desacuerdos técnicos y llamados al diálogo político.
García Ruminot abrió el encuentro con un lapidario diagnóstico: el país registra 940.000 personas que buscan trabajo sin encontrarlo, 2,5 millones en la informalidad laboral y una economía que lleva meses sin crecer. "Estos cuatro meses la economía no solo no ha crecido, ha decrecido", señaló, antes de defender la estructura del proyecto.
Sobre la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, explicó que la medida apunta a recuperar competitividad perdida: "¿Estamos haciendo locuras? No, nadie está proponiendo terminar con el impuesto corporativo, estamos pasando del 27% al 23%, ¿y por qué 23%? Porque ese es el promedio de los países de la OCDE".
Economistas: acuerdo en el diagnóstico, diferencias en el diseño
Luego, la cita incluyó un panel económico moderado por Macarena Pérez —presidenta del Círculo de Economía y Finanzas de ICARE— con el decano de Economía de la USS y exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber y la economista y exsubsecretaria Heidi Berner.
Weber compartió datos que, a su juicio, dan cuenta de la urgencia del proyecto. Recordó que Chile creció en promedio 7,6% entre 1983 y 2013, pero que desde 2014 en adelante ese promedio cayó a 1,7%. Además, el país lleva 40 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%, con una tasa general del 9,1% y un desempleo juvenil del 24%.
Para el actual decano de la USS, la rebaja del impuesto corporativo es el corazón de la reforma. "La estructura del proyecto está bien pensada, porque es un proyecto que gatilla la inversión, que es fundamental para generar crecimiento y que es fundamental para generar empleo".
También propuso una modificación al crédito tributario al empleo, el ítem más cuestionado fiscalmente. Planteó focalizarlo en nuevas contrataciones en vez del stock de trabajadores actuales, lo que, según sus cálculos, reduciría el costo de 0,41 a 0,05 puntos del PIB y haría al proyecto fiscalmente neutro.
La exsubsecretaria Berner planteó una lectura distinta sobre el gasto público. Recordó que el gasto equivale al 24,3% del PIB, similar al nivel de 2018, y discrepó de la idea de que el Estado gasta en exceso. Coincidió en la necesidad de revisar el crédito tributario al empleo, pero propuso trabajar sobre el subsidio único al empleo ya existente.
Y puso énfasis en un problema que el proyecto no resuelve: "Nuestro problema es más de evaluación ex ante de impacto regulatorio de cada uno de los proyectos de ley que ingresan al Congreso". También mencionó la Sala Cuna y el sector construcción como materias urgentes, con o sin esta ley.
Senadoras: los votos están, pero el diálogo es la condición
Luego, un panel legislativo moderado por Gonzalo Smith, presidente del Círculo Legal de ICARE, convocó a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y a la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares.
Ambas reconocieron que el Gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto. Pero marcaron condiciones distintas.
Balladares subrayó que la transversalidad del apoyo tiene valor en sí misma: "Creo que la transversalidad del proyecto es un valor, y creo que ahí todo el espacio que nosotros podamos abrir de conversación, de mejora, como tomar algunas de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, efectivamente mirar qué otras medidas se pueden ajustar, o si puede haber alguna que tenga algún grado de gradualidad o parcialidad".
También señaló que en invariabilidad tributaria podría haber espacio para negociar el plazo, y que el estatuto de las pymes y la tasa del 12,5% son compromisos pendientes que el proyecto debe acompañar.
Vodanovic planteó que el problema no es la intención -que comparte- sino cómo se distribuyen los costos y si el Gobierno está dispuesto a escuchar.
"El Gobierno tiene los votos, entonces lo que tiene que mostrar hoy día es voluntad de diálogo, y es el Gobierno el que tiene que mostrar eso", dijo Vodanovic. Se refirió a la encuesta CEP publicada la semana pasada, que mostraba que el 44% de la ciudadanía cree que el Estado no debe debilitarse, y advirtió que si el ajuste fiscal recae en derechos sociales o servicios en zonas rurales, el proyecto generará más división que reconstrucción.
Una de las preguntas que estuvo presente durante la jornada fue la misma: si el objetivo es crecer, ¿quién asume la pérdida? Según Vodanovic, esa respuesta todavía no está clara: "Aquí vamos al crecimiento, pero alguien tiene que hacer la pérdida. ¿Quién la hace? No la van a hacer las grandes empresas".
Debe estar conectado para enviar un comentario.