Finanzas abiertas en Chile: qué pasó con los plazos y qué viene para los clientes

Alejandra Cortés
Participante en el programa 10Pay

Hay una reforma financiera en marcha en Chile que promete cambiar la forma en que millones de personas acceden al crédito, comparan productos y gestionan su plata. Se llama Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), cuya entrada en vigencia se postergó y eso generó reacciones diversas en el sector.

Cuando la Ley Fintech (N°21.521) fue aprobada en 2023, estableció un plazo de 24 meses para que el SFA comenzara a operar, apuntando a julio de 2026. En julio de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la normativa técnica (NCG N°514). En noviembre de 2025, el regulador puso en consulta pública una propuesta de modificación. Según la CMF, el objetivo era "contribuir a una mejor implementación del SFA en Chile", extendiendo el inicio hasta julio de 2027. 

Esa propuesta se convirtió en una realidad el 1 de junio de 2026, cuando la CMF publicó la norma definitiva (NCG N°569), modificando la NCG N°514, incorporando el Anexo Técnico N°3 y fijando la entrada en vigencia en julio de 2027. 

Los principales cambios que recoge la norma definitiva son: ampliar el histórico transaccional de 12 a 24 meses, exigir que los datos estén disponibles en un máximo de cinco minutos, incorporar un régimen de 'participación simplificada' para entidades con menos de 50.000 clientes, formalizar un periodo piloto de pruebas y disponer de un sandbox provisto por la CMF.

El SFA involucra a dos grandes grupos: por un lado, los bancos e instituciones financieras tradicionales, ya regulados, con sistemas heredados y obligados a abrir sus datos al sistema; y por otro, las fintechs y nuevos proveedores de servicios financieros, que necesitan acceder a esos datos para poder ofrecer productos alternativos a los clientes.

Para los bancos, más tiempo significa menos riesgo de implementar mal. Para las fintechs, ese mismo tiempo es un año adicional en que no pueden operar con los datos que la ley ya les reconoce como accesibles. Esa tensión es la que recorre todo el debate sobre el aplazamiento, como veremos a continuación. 

Lo que planteó la banca

La Asociación de Bancos (ABIF) ha sido consistente en su postura: apoya el SFA como objetivo, pero argumenta que los plazos originales eran insuficientes para una implementación segura. El año pasado, en el Senado, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, identificó riesgos concretos: consentimiento insuficientemente regulado, certificaciones débiles, responsabilidad difusa ante el fraude y exigencias de disponibilidad que, a su juicio, eran excesivas para un sistema en sus primeras etapas.

Citó el caso de Australia como ejemplo de los riesgos de una implementación sin suficiente gradualidad. Ahora, si investigamos, el dato es real: según el reporte estratégico encargado por la Australian Banking Association a Accenture en julio de 2024, cuatro años después del lanzamiento del sistema australiano de open banking (CDR), sólo el 0,31% de los clientes bancarios lo usaba activamente hacia 2024, y el propio gobierno australiano describió el CDR como "una buena idea, mal ejecutada", anunciando un reset completo en agosto de 2024.

Diversos reportes en ese país atribuyen la baja adopción a múltiples factores: costos de cumplimiento excesivos, estándares técnicos que cambiaban constantemente y ausencia de casos de uso atractivos para el consumidor; no solo a la velocidad de implementación. La precisión importante: la baja adopción australiana no se debió únicamente a que la implementación fue "acelerada". El aprendizaje relevante para Chile es que el riesgo no es solo ir rápido, sino ir sin foco en el usuario final.  

Lo que plantearon las fintechs

El ecosistema fintech tiene una lectura opuesta. En mayo de este año, en la apertura del Chile Fintech Forum 2026, el presidente de FinteChile, José Gabriel Carrasco, declaró: "El problema nunca fue regular. El problema es regular mal, es regular lento, es regular mirando el pasado".

En abril de este año, la directora ejecutiva del mismo gremio, Josefina Movillo, fue más concreta en declaraciones al Diario Financiero: "Brasil se demoró 18 meses y nosotros vamos a demorarnos más de seis años con este retraso", y añadió: "Las PYME que están esperando esta reforma de política pública de acceso merecen saber en qué está, cómo avanza y por qué se tranca".

En Chócale, subrayó que "el 50% de las instituciones financieras de los países que ya tienen SFA implementado les permitió acceder a créditos a personas que tradicionalmente no habrían accedido", calificando el retraso como "una preocupación ciudadana".

Tras conocerse la norma definitiva, el gremio reiteró su molestia: advirtió que la decisión “debilita la competencia en la industria financiera en Chile" y que, con la gradualidad por fases, la operación plena no llegaría antes de 2030, entre seis y siete años después de publicada la Ley Fintech.

En síntesis —esta es mi visión personal—, ambos sectores declaran querer un SFA que funcione bien. El desacuerdo tiene dos dimensiones concretas: una técnica, si los plazos originales eran suficientes para implementar el sistema con seguridad; y una de costo social, si el tiempo adicional se justifica frente al retraso en los beneficios para usuarios y PYMEs que la ley ya contempla. Ambas posiciones tienen argumentos documentados, y aunque la CMF ya publicó la norma definitiva, el debate de fondo —si el tiempo extra se justifica— sigue abierto. 

Qué cambia para el cliente cuando el SFA opere

Según las preguntas frecuentes oficiales de la CMF, el SFA "es un conjunto de reglas y procedimientos que permite el intercambio de información de clientes que hayan consentido expresamente", con el objetivo declarado de "promover la competencia, innovación e inclusión en el sistema financiero".

El consentimiento es expreso, específico y revocable en cualquier momento mediante un panel de control. Los beneficios concretos que la CMF describe incluyen acceso a mejores ofertas de productos y servicios financieros basados en el historial real del usuario.

El camino que queda es largo

La norma modificada de la NCG N°514, puesta en consulta pública en noviembre de 2025, se publicó finalmente el 1 de junio de 2026 (NCG N°569) e incorporó el Anexo Técnico N°3, con las especificaciones de las APIs y el portal del desarrollador. Pero publicar la norma es solo el primer paso. 

Según el Plan de Regulación de la CMF, todavía queda trabajo por delante. El Anexo Técnico N°3, que regula las APIs interoperables y la trazabilidad del consentimiento, cerró su consulta pública en agosto de 2025 y se publicó dentro de la NCG N°569. Lo que aún está pendiente es el Anexo N°4, que definirá los umbrales de costos y los criterios de cobro de las instituciones proveedoras de información, contemplado por la CMF para el segundo semestre de 2026. Hasta entonces, el modelo de costos del sistema no termina de cerrarse. 

Esta es una historia en desarrollo: que la ley entre en vigencia en julio de 2027 es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que determina si el SFA funciona de verdad, y para quién, es lo que venga después: los anexos técnicos, los manuales operativos, los primeros pilotos. La propia Fiscalía Nacional Económica, consultada por la CMF antes de publicar la norma, recomendó evitar nuevas postergaciones; la CMF respondió que no contempla otro aplazamiento. El calendario, por ahora, está fijado.

Y aquí es donde el debate técnico entre bancos, fintechs y el regulador se vuelve algo mucho más concreto. La propia CMF lo declaró al publicar la norma: el SFA está diseñado para que "una mayor cantidad de personas y empresas —especialmente aquellas subatendidas en el sistema y las MiPyMEs— puedan acceder a más productos y servicios financieros que respondan mejor a sus necesidades".

Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, puso cifras concretas a esa promesa: el 50% de las instituciones financieras en países que ya implementaron sistemas equivalentes logró dar acceso a crédito a personas que antes estaban excluidas.

Detrás de ese porcentaje hay personas: la dueña de una pequeña empresa que paga tasas de crédito más altas porque el banco no puede ver su historial completo. El trabajador independiente al que le rechazan un crédito hipotecario porque sus ingresos son informales. El emprendedor que necesita capital y no califica en el sistema tradicional porque su banco y su historial no conversan entre sí. 

Ese es el dilema real, y no es solo técnico. Implementar mal el SFA puede romper la confianza; implementarlo tarde, lleno de barreras o con una experiencia que nadie quiere usar, puede volverlo irrelevante. En ambos casos se pierde lo mismo: la inclusión se queda en el papel: muchas cuentas abiertas, muchos productos disponibles; mientras las personas siguen sin poder comparar tasas, cambiarse de banco o decidir con su propia información en la mano. Por eso el desafío de fondo ya no es solo abrir el acceso, sino que ese acceso sirva para algo. Solo el tiempo nos dirá si la normativa cumple con las expectativas declaradas por la misma CMF.