Un "big bang" en el sector financiero y dardos a la CMF: Las duras advertencias por los plazos del Sistema de Finanzas Abiertas

La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) podría desatar un "big bang" en el sector financiero. Esa fue la dura advertencia que hizo José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), ante la Comisión de Hacienda del Senado, en una sesión donde participó también la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y BancoEstado.

Si bien hay coincidencia en torno al potencial del sistema para fomentar la competencia e inclusión, persisten las preocupaciones respecto de los plazos, la seguridad de datos, los costos operativos y la robustez de la fiscalización.

El año pasado se definió la base del sistema y actualmente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) trabaja en su tercer anexo técnico. Este incluirá detalles sobre infraestructura, seguridad, estándares tecnológicos, mecanismos alternativos y exigencias de consentimiento. La implementación tendrá un periodo de vacancia de 24 meses. Así, su entrada en vigencia será en julio de 2026.

Sin embargo, la CMF evalúa ajustes. “Estamos revisando si en el marco de ese calendario generar mayor espacio para una marcha blanca inicial, voluntaria, previo a su entrada en vigencia, lo que podría requerir ampliar los 24 meses”, aseguró Solange Berstein, presidenta de la CMF.

También resaltó la necesidad de aplicar proporcionalidad en las exigencias según el tamaño y rol de las entidades, así como la creación de un mecanismo alternativo para garantizar continuidad de los pagos. “Entendemos que el que exista un mecanismo alternativo refuerza la confianza de las personas, porque asegura justamente su continuidad”.

Respecto al uso de datos, la comisionada Bernardita Piedrabuena aclaró que el consentimiento debe ser expreso. “Toda esa información que se comparta, la fuente de licitud no está dada por la ley, sino está dada por el consentimiento de las personas. Y un consentimiento, además, con los más altos estándares que establece la ley de protección de datos”.

La postura de la ABIF: "Tiene cara de un big bang"

El presidente de la ABIF, José Manuel Mena, fue crítico. Planteó que el sistema enfrenta seis riesgos principales: implementación apresurada, consentimiento insuficientemente regulado, certificaciones débiles, fraude y responsabilidad difusa, viabilidad financiera incierta y sobredimensionamiento de costos.

“A nuestro juicio, este sistema tiene un mapa de riesgo que no tienen los mitigantes necesarios para que nos hagamos cargo de las dificultades que observamos (...) Si tenemos un error en la implementación, vamos a tener una baja utilización. El mejor ejemplo es Australia”, advirtió.

"Esto tiene más cara de un big bang, con personas naturales y personas jurídicas con apenas tres meses de desfase. Eso no da cuenta de la experiencia internacional".

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (ABIF)

Mena insistió en que la gradualidad debe ser mayor, empezando por productos como transferencias electrónicas antes de escalar a otros servicios. También pidió que la CMF lidere la definición de entidades certificadoras y que se revisen los costos. “Estamos hablando de un sistema que involucra US$619 millones de inversión para Chile. Ese solo mecanismo alternativo significa US$89 millones”.

Respecto al financiamiento, criticó la gratuidad obligatoria en ciertos niveles. “Estamos hablando de 120 llamadas mensuales por PSBI (los Proveedores de Servicios Basados en Información), gratis. Bueno, es un precio cero, y lo que nosotros hemos solicitado a nuestro regulador es que podamos conocer los fundamentos”.

Finalmente, Mena advirtió: “No es solo un proyecto tecnológico. Las personas son las principalmente afectadas si no abordamos y mitigamos adecuadamente los riesgos. La seguridad de los datos es un tema presente. En este marco se pone en riesgo la transaccionalidad, la seguridad de los datos y el funcionamiento del sistema financiero”.

BancoEstado también comparte las preocupaciones por plazos y costos

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, sostuvo que la entidad “promueve y apoya los principios que están detrás de esta ley, que busca competencia e inclusión financiera a partir de la innovación tecnológica en servicios financieros”.

Sin embargo, señaló que existe la necesidad de establecer consentimientos y poderes seguros en este contexto en donde el intercambio de información es clave, considerando tanto la gradualidad como la eficiencia de la implementación.

El gerente de planificación, Camilo Vio, profundizó en cuatro preocupaciones principales. La primera se relaciona con el tratamiento de poderes: “En organizaciones complejas hay muchos apoderados que tienen diferentes tipos de poderes, y el problema es que el proveedor de información o los bancos no pueden verificar que dichos poderes (...) sean realmente los acordes a los que le otorgó la misma empresa a sus apoderados. Por lo tanto, se rompe este nexo entre control y responsabilidad y quedan estas acciones radicadas en instituciones distintas, lo cual vemos nosotros que podría incrementar el riesgo”.

Otro punto fue el modelo de consentimiento. Según Vio, la norma en consulta permitiría “una finalidad abierta” para el uso de datos, lo que elevaría la carga de supervisión y riesgos de desproporción. “A nosotros nos parecía que partir con un catálogo era algo bastante más razonable, porque todos sabían que ciertos datos estaban asociados a cierta finalidad”, aseguró.

BancoEstado también advirtió sobre costos elevados por la exigencia de un mecanismo alternativo y los plazos estrechos en comparación con experiencias internacionales. “En Brasil los requisitos obligatorios fueron aplicados después de tres años. Y en el Reino Unido también la primera medición de disponibilidad se realizó al tercer año de funcionamiento”, recordó Vio.