La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, advirtió este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado que una indicación incorporada al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional podría encarecer el crédito, reducir los productos financieros disponibles y generar exclusión financiera, especialmente en los sectores más vulnerables.
Se trata de una indicación del diputado Raúl Soto (PPD) que fue aprobada en sala el pasado 20 de mayo, la cual establece una prohibición absoluta al anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses.
El anatocismo está regulado en el artículo 9 de la Ley N° 18.010, que permite pactarlo con períodos de capitalización de 30 días o más. La indicación aprobada en la Cámara reemplazaría ese artículo por completo.
Tornel explicó la lógica del mecanismo: cuando un deudor no paga los intereses al término de un período, el acreedor —en última instancia, un ahorrante— deja de percibir una remuneración que le corresponde. Prohibir que esos intereses impagos generen nuevos intereses perjudica a quienes depositan sus ahorros en el sistema, incluidos los cotizantes del sistema previsional.
"El interés que no es cobrado a los deudores es una remuneración legítima que dejaría de pagarse a los ahorrantes del sistema, dentro de los cuales se encuentran todos los ciudadanos, por ejemplo, a través de nuestros ahorros obligatorios previsionales, de las cuentas de ahorro, de las tenencias de depósito a plazo, de los aportes a fondos mutuos y fondos de inversión", aseguró.
¿Qué productos financieros se verían afectados?
La CMF identificó cinco categorías que quedarían inviables o muy limitadas: los depósitos a plazo renovables; las repactaciones de crédito, que permiten regularizar deudas sin caer en mora; los créditos con período de gracia, como los que ofrecen los bancos al inicio de un hipotecario; las líneas de crédito rotativas; y los créditos con cuotas variables, habituales en el financiamiento automotriz.
"La indicación podría impactar negativamente y de manera relevante el funcionamiento del mercado financiero, limitando la variedad de productos financieros disponibles para personas y empresas. Adicionalmente, podría incrementar el costo de los créditos o generar condiciones de otorgamiento de créditos más exigentes, produciendo exclusión financiera, especialmente en los segmentos de la población que son más vulnerables", señaló Tornel.
La presidenta de la CMF también descartó que la medida se justifique desde una perspectiva de protección al consumidor. La normativa vigente ya obliga a informar el Costo Anual Equivalente (CAE) en toda operación de crédito, indicador que incorpora el efecto de la capitalización de intereses.
La CMF subrayó que una prohibición absoluta del anatocismo no existe en ninguna jurisdicción comparable. Países como Estados Unidos, Australia, Brasil, Alemania y Francia permiten el mecanismo. Donde hay restricciones, el cas de Perú, México o el Reino Unido, estas se aplican a casos acotados, en línea con lo que Chile ya contempla en su legislación.
En la misma sesión, la autoridad planteó su preocupación por aquellas personas que, al quedar excluidas del crédito formal, terminan en manos de prestamistas informales o víctimas de fraudes.
Tornel señaló que la CMF trabaja en un análisis sobre los efectos de la tasa máxima convencional y espera entregar recomendaciones al Ejecutivo en el corto plazo.
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