Cliente denunció un fraude y el banco le devolvió la plata: Ahora deberá restituirla

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por un cliente contra una sentencia que lo obligó a devolver más de $1,1 millones a Bci, en el marco de un caso por uso fraudulento de su tarjeta de crédito. En esta instancia, el tribunal concluyó que no existió falta o abuso grave en la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El caso se originó tras una serie de transacciones fraudulentas ocurridas durante la madrugada del 27 de febrero de 2022, cuando la tarjeta del afectado fue cambiada por otra con datos de un tercero en un local nocturno.

Según los antecedentes, luego de advertir la situación, el cliente solicitó el bloqueo del plástico durante la mañana de ese mismo día y presentó un reclamo formal ante el banco, solicitándole la restitución de los fondos retirados.

En ese contexto, el cliente invocó el derecho contemplado en la ley número 20.009, que regula la responsabilidad en fraudes con medios de pago, y entregó los antecedentes disponibles para respaldar su solicitud. Sin embargo, en marzo del mismo año, Bci presentó una demanda en su contra, fundada en la supuesta existencia de culpa grave o dolo en el uso de la tarjeta.

Así, en primera instancia, el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea rechazó la demanda del banco, al estimar que la entidad debía adoptar medidas de seguridad suficientes para prevenir este tipo de ilícitos.

En ese momento, el fallo destacó que se registraron múltiples intentos de transacciones fallidas, por diferentes montos e incluso con errores en el ingreso del PIN, lo que debió activar alertas en los sistemas de prevención de fraude del banco.

Además, el tribunal consideró que el cliente no tenía historial de operaciones por montos elevados, lo que también debió generar sospechas. En ese escenario, concluyó que no se acreditó negligencia grave por parte del usuario.

Pese a ello, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión en julio de 2025. Ahí, el tribunal sostuvo que el cliente actuó con negligencia grave al no resguardar adecuadamente su tarjeta y clave secreta, y que incluso habría desatendido avisos enviados por el banco durante la realización de los pagos.

Corte Suprema descartó arbitrariedad en el fallo

Al analizar el caso, la Corte Suprema revisó si la sentencia de la Corte de Apelaciones había cometido un error grave que justificara su anulación. Esto, luego de que la defensa del cliente insistiera en que no existió negligencia grave y que el banco no activó sus sistemas de alerta pese a señales previas de fraude.

Sin embargo, el máximo tribunal descartó esa tesis y concluyó que lo planteado corresponde a una diferencia en la forma en que los jueces evaluaron los hechos y la prueba del caso, especialmente respecto del nivel de cuidado que tuvo el cliente con su tarjeta.

En ese contexto, la Corte sostuvo que no basta con discrepar de una sentencia para impugnarla por esta vía, ya que este tipo de recursos solo procede cuando hay fallas evidentes y graves en la resolución.

Con esto, confirmó el fallo que ordenó al cliente restituir $1.107.169 al banco, junto con intereses y reajustes, y que además permitió a la entidad revertir las operaciones realizadas.