El Gobierno puso en marcha el pasado 2 de abril la nueva Ley de Notarías, que introduce cambios en el sistema notarial y registral. La norma fijó precios máximos para los servicios, eliminó los cargos vitalicios y estableció concursos públicos para nombrar notarios, conservadores y archiveros.
La reforma apunta a aumentar la competencia, transparentar los cobros y mejorar la atención a las personas que realizan trámites de forma frecuente.
Uno de los cambios más visibles es la digitalización. La ley obliga a implementar repositorios electrónicos y garantiza acceso remoto y gratuito a distintos registros, con el objetivo de reducir filas y trámites presenciales.
Además, estableció horarios obligatorios de atención, estándares mínimos de seguridad y un sistema de tarifas reguladas definido por los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía.
Fiscalización del SERNAC y la Fiscalía Judicial
En materia de fiscalización, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) asumió un rol activo en la supervisión del servicio y en la gestión de reclamos por cobros indebidos o problemas de atención. En paralelo, la Fiscalía Judicial quedó a cargo de vigilar la conducta de notarios, conservadores y archiveros.
"Esta nueva ley es una excelente noticia para los consumidores porque pone fin a los cargos vitalicios y pone foco en los méritos en el nombramiento de los notarios, fortalece lo digital disminuyendo las filas, establece precios máximos y tarifas más claras, fortalece la transparencia a través de fiscalizaciones del SERNAC y de la Fiscalía Judicial y disminuye trámites innecesarios al eliminar alrededor de 12 gestiones que dejarán de requerir paso por notaría, facilitando la vida de las personas”, señaló la directora nacional (s) del SERNAC, Carolina González.
El organismo ya ofició a más de 500 notarías para integrarlas a su Portal del Proveedor y comenzó a monitorear su comportamiento bajo la nueva normativa. Con esos datos, realizará fiscalizaciones presenciales y digitales para verificar el cumplimiento.
La normativa, que se despachó en julio de 2025 tras seis años de tramitación legislativa, forma parte de la agenda de modernización del Estado. Con su implementación, las autoridades buscan mejorar la calidad del servicio, fortalecer la transparencia y facilitar los trámites para las personas.
