Actualmente, Chile cuenta con un sistema de pagos eficiente, seguro y ampliamente adoptado, según expertos.
Más del 66% del gasto de los hogares se realiza mediante medios electrónicos, existen más de 27 millones de tarjetas activas, un millón de terminales de pago y más de 580 mil puntos de venta que aceptan pagos digitales. A ello se suma que las transferencias son instantáneas y el acceso a cuentas bancarias alcanza una cobertura casi total.
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Pese a este progreso, aún persisten desafíos regulatorios, fricciones estructurales y tensiones entre seguridad, competencia e innovación. Justamente para sistematizar ese panorama, ChilePay presentó la primera 'Radiografía de la Regulación de los Pagos en Chile', un informe que busca visibilizar las normativas vigentes, identificar vacíos y contribuir al diseño de nuevas políticas públicas.
"El objetivo es que sea un documento vivo, que evolucione. Es un aporte que trae ChilePay a la industria de pagos, de manera que cualquier profesional que quiera entender, partir con un emprendimiento o entender mejor el efecto y los requerimientos de una regulación, pueda consultarlo de manera bastante fácil y con un respaldo que viene de dos abogados", explicó Thiago Dias, director de ChilePay y Country Manager de Mastercard en Chile, en conversación con Chócale.

"Es un documento muy potente, bastante fácil de interpretar y que seguramente va a seguir actualizándose en la medida que salgan nuevas leyes que sean importantes en la industria de pagos", añadió.
La presentación del informe incluyó el panel que analizó las reglas para crecer, considerando la regulación y el desarrollo económico, que reunió a representantes del mundo regulatorio, académico y de la industria.
Avances y tareas pendientes del sistema de pago
Catherine Tornel, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirmó que “tenemos un muy buen sistema de pagos, que cumple con ser eficiente, con acceso universal, en costos bajos”. En este sentido, destacó dos elementos claves del esquema local: la disponibilidad inmediata en las transferencias y el amplio acceso a cuentas de pago.
También valoró la transición hacia un modelo de cuatro partes, que permitió introducir competencia en la adquirencia y reducir la incertidumbre regulatoria. “Con los fallos del TDLC y de la Corte Suprema se disminuyó muchísimo la incertidumbre que teníamos respecto del rayado de cancha”, señaló.
Por su parte, Ana María Montoya, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), planteó que el avance del sector ha sido impulsado no solo por entidades regulatorias, sino también por organismos de libre competencia.
“Los mercados de pago adolecieron por muchos años de barreras regulatorias y estratégicas que en algún momento del tiempo los actores decidieron derribar”, aseguró.
En la misma línea, Dias —también presente en el panel— añadió que actualmente operan ocho adquirentes y existe un número creciente de postulantes. “La suma de puntos de aceptación (terminal más checkout online) llega a 2,5 millones, lo que ubica a Chile por sobre Brasil en términos de puntos de aceptación por habitante”, destacó.
¿Cómo evitar que las normas sean un freno?
Partiendo de la tesis de que una regulación mal diseñada puede convertirse en un obstáculo para la innovación, los panelistas abordaron los desafíos que esto implica.
“Una de las maneras que hemos encontrado para ir llevándole el ritmo a este mercado que está cada vez más dinámico es el diálogo permanente y fluido entre autoridad y privados”, dijo Tornel. Así, recordó como buenas prácticas las consultas públicas y las mesas de trabajo durante la implementación de la ley Fintech, que ahora se replicarán en la nueva agenda de desarrollo de mercado de la CMF.
Montoya, por su parte, advirtió sobre los riesgos de establecer estándares técnicos desalineados. “Se definían estándares de seguridad tan altos que el único objetivo era inhibir la entrada de nuevos competidores”, aseguró.

También llamó a evitar que los tribunales asuman roles que corresponden a los reguladores. “No queremos que un tribunal defina sistemas tecnológicos porque eso genera fricción y judicialización”, comentó.
El Country Manager de Mastercard Chile, en tanto, sumó una advertencia sobre los efectos no deseados que pueden surgir de ciertas normativas mal formuladas. “El efecto no esperado de buenas intenciones siempre está presente”, sostuvo. Para graficarlo, en conversación con Chócale, ejemplificó con la ley de las 50 transferencias.
"Como la norma de 50 transacciones para el reporte al Servicio de Impuestos Internos. Si bien tiene una intención muy buena, que es evitar la evasión y aumentar la recaudación, lo que podría generar es que la persona empiece a abrir muchas cuentas solo para dar la vuelta con un esfuerzo adicional", señaló.
Los principios claves del futuro regulatorio
Al cierre del panel, los expertos compartieron sus aspiraciones para el ecosistema de pagos en los próximos cinco años.
“Me gustaría tener regulaciones mucho más simples, basadas en principios”, señaló Tornel. "El ecosistema ideal es uno donde exista certeza regulatoria, pero también flexibilidad para ajustar modelos de negocio y fomentar la creatividad", agregó.
Desde el ámbito académico, se advirtió sobre futuros conflictos en torno al acceso a infraestructura y la apropiación de inversiones tecnológicas. “Tenemos que estar muy expectantes. En pagos va a pasar mucho eso”, afirmó Montoya.
Dias, en tanto, proyectó un escenario marcado por mayores riesgos cibernéticos y la irrupción de nuevos actores, como billeteras e iniciadores. “Eso va a generar un brutal cambio en la interfaz entre usuarios y proveedores”, sostuvo, y advirtió sobre desafíos globales como el proteccionismo y la regulación de stablecoins.
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