Hay ideas que suenan bien en el papel, pero que en la práctica terminan saliendo carísimas. Y no hablamos solo de lucas, sino también del impacto en el acceso, la equidad y el funcionamiento de mercados que —aunque no son perfectos— han permitido avances concretos. El proyecto de ley “Devuélveme mi Pasaje” es un ejemplo de eso.
Se trata de una nueva “creatividad” de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (ambos PS), que actualmente se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa busca que cualquier persona pueda pedir la devolución del valor total de un pasaje aéreo hasta ocho horas antes del vuelo, sin importar el motivo. Suena justo. Pero no lo es. Y menos en el contexto de una industria frágil y altamente regulada como la del transporte aéreo.
El problema es que el proyecto parte de un supuesto equivocado: que las aerolíneas abusan sistemáticamente de los consumidores y que todos los vuelos están sobrevendidos.
Pero lo cierto es que el sistema de revenue management, que permite vender pasajes a precios como $9.990 y cobrar por servicios adicionales —los famosos ancillaries—, es el que hace viable ofrecer tarifas ultrabajas para quienes valoran más el precio que la flexibilidad.
Este modelo se basa en vender distintos tipos de tickets, con condiciones y precios que responden al perfil de cada pasajero. ¿Quieres viajar barato? Pagas menos, pero renuncias a ciertos beneficios. ¿Quieres cambiar de fecha sin problema? Puedes hacerlo, pero pagando más. Esa es la lógica que ha permitido que volar ya no sea un privilegio de unos pocos.
Hoy, los pasajes cuestan menos de la mitad que hace 10 años. Y eso no fue magia. Fue el resultado de una apertura de cielos, libertad tarifaria, mayor competencia y un ecosistema que, con sus matices, democratizó el transporte aéreo. Gracias a eso, millones de personas en Chile hoy pueden conectarse de manera más rápida y económica.
Si esta ley avanza, el efecto inmediato será el encarecimiento de los pasajes más baratos. ¿Por qué? Porque alguien tendrá que pagar por la posibilidad de que un pasajero se arrepienta a última hora y recupere su dinero. Y esa carga recaerá en todos los demás consumidores. Es decir: terminaremos pagando justos por pecadores.
Además, se podrían reducir rutas, eliminar frecuencias y hacer menos atractivo el mercado chileno para las aerolíneas low cost. Sin ir más lejos, en el último tiempo compañías como JetSMART y SKY han retirado aviones del país para destinarlos a otros mercados más atractivos.
El proyecto busca aplicar una lógica de seguro —reembolsar sin causa—, pero a costa de las aerolíneas primero, y de los consumidores en general después. Porque sí, finalmente todos terminaremos pagando esa flexibilidad “gratuita”.
Este tipo de medidas populistas me recuerda a otro insólito proyecto de ley: el que presentó el diputado Jaime Mulet (FRVS), ahora convertido en precandidato presidencial, para eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas urbanas. La idea, aunque en apariencia busca “proteger” a los usuarios, termina incentivando la morosidad, fomenta el uso abusivo de la infraestructura provocando mayor congestión (lo que justamente el factor precio busca desincentivar) y amenaza con hacer tambalear el sistema de concesiones.
Un sistema que —vale recordarlo— ha permitido el desarrollo de infraestructura pública como nunca antes en Chile: autopistas urbanas, carreteras, hospitales, aeropuertos. Si echamos por la borda los principios que lo sostienen, ¿quién va a invertir en el país?
No todo lo que parece bueno, lo es. Y cuando se legisla sin comprender cómo funcionan los mercados —especialmente aquellos con márgenes estrechos y alta competencia—, el riesgo es terminar con menos oferta, más costos para todos y un sistema que se hace insostenible.
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