El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este martes el proyecto de ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, iniciativa que surge como parte de las necesidades identificadas en los Diálogos Sociales de 2022.
Desde el gobierno explican que en esa oportunidad se destacó la urgencia de mejorar el nivel de cumplimiento en el pago de impuestos y abordar las prácticas de reducción artificial de tributos, consideradas como fuentes de injusticia e inequidad.
La presentación de esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la justicia tributaria, asegurando que tanto ciudadanos como empresas paguen de manera justa y oportuna.
El titular de la cartera, recalcó el trabajo que ha requerido este proyecto durante un año y por lo mismo espera celeridad en su tramitación.“Cada día que pasa, que se demora en adoptar estas medidas, son decenas, cientos o millones de dólares que se pierden a través de fraudes tributarios, y nosotros no estamos dispuestos a darle más tiempo a quienes evaden o abusan del sistema tributario”.
Este proyecto es parte integral de los componentes del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, y tiene como objetivo principal aumentar la recaudación fiscal y reducir las prácticas de evasión y elusión tributaria.
Contenido del proyecto de ley
El texto propone una serie de medidas para modernizar la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la notificación por correo electrónico como regla general en la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República (TGR), Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros.
También se contempla un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario y la modernización de los procedimientos judiciales, incluyendo la creación del expediente electrónico y mayores espacios para la conciliación.
El proyecto aborda específicamente la problemática de la informalidad, exigiendo a proveedores de POS y plataformas de venta de bienes o servicios de terceros, así como a organismos públicos, que exijan inicio de actividades. Asimismo, las instituciones financieras deberán informar cuando un contribuyente reciba más de 50 transferencias de distintos contribuyentes dentro de un mes.
En lo que respecta a los delitos tributarios, se propone la incorporación del denunciante anónimo, basado en el éxito de esta medida en otras jurisdicciones, y se incrementan las sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos.
Además, se mejora la norma general antielusiva, permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión, y se eliminan espacios de planificación tributaria agresiva en donaciones a relacionados.
Fortalecimiento de entidades
El proyecto también incluye el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, con atribuciones para la difusión y educación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, y tendrá acceso a información tributaria para cumplir sus funciones.
Asimismo, se entregará mayor flexibilidad para convenios de pago con la Tesorería, con una medida especial para Pymes que accederán a convenios sin interés.
Finalmente, se planteó un fortalecimiento institucional y de probidad en Aduanas, Tesorería y SII, con normas sobre movilidad y retención del personal, así como sanciones por incumplimiento a los funcionarios de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
“Quiero enfatizar que la lógica de este proyecto no es simplemente endurecer sanciones, sino que, por un lado, entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para poder fiscalizar mejor; y, por otro lado, también generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones, puedan cumplir con ellas y se puedan poner al día cuando están en una situación de incumplimiento”, finalizó el ministro Marcel.
Es importante recordar que este proyecto de ley es clave para financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y se espera que logre recaudar el equivalente al 1,5% del PIB, reduciendo aproximadamente un 25% de la brecha de cumplimiento tributario.
Además, permitirá financiar más de la mitad de los compromisos de gasto establecidos en el Pacto Fiscal, incluyendo seguridad ciudadana, reducción de tiempos de espera en salud y el Sistema Nacional de Cuidados.
