Semanas atrás, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), calificó como “una vergüenza para el país” los efectos que ha dejado la entrada en vigencia de la Ley de Fraudes en los tres últimos años.
Esta normativa, promulgada en mayo de 2020, tiene como principal objetivo la limitación de responsabilidad de los usuarios ante extravío, hurto, robo o fraude de distintos instrumentos financieros, como tarjetas bancarias y de retail, incluidas transacciones electrónicas realizadas utilizando estos medios de pago.
¿Cuál es el problema? Los delincuentes se aprovechan de la normativa para cometer auto-fraudes; realizan compras por hasta 35 UF ($1.259.000 aprox.), para luego comunicarse con la entidad financiera o banco para asegurar que la compra o transacción fue realizada sin su autorización. Obtienen la devolución del monto denunciado en pocos días por parte del emisor.
Si la institución sospecha que hubo dolo o negligencia debe acreditarlo en los tribunales de justicia; esto no siempre se hace debido a los costos que conlleva y la dificultad para investigar este tipo de delitos. Es así como se llevan a cabo los abusos por parte de algunas personas a la Ley de Fraudes, cuyo propósito original era no dejar en desprotección al usuario cuando realmente era víctima de un caso de vulneración o clonación de sus medios de pago o de sus claves secretas.
La CMF reconoce que entidades financieras han manifestado su preocupación
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, reconoció la importancia de contar con un marco regulatorio que permita el desarrollo adecuado de los servicios y productos financieros. Si bien este otorga mayor protección a quienes puedan resultar víctimas de estos delitos, también da pie para que se generen malas prácticas.
“La ley lo que hace es poner la responsabilidad en quién tiene mayores capacidades de asumirla; la entidad financiera. Cuando se emitió la ley comentamos acerca de ciertos reparos respecto de cómo quedó el texto. Estamos viendo un volumen muy alto de fraude y uno quiere hacerse cargo de eso, pero también se presta para eventuales malas prácticas que es algo que se ha estado observando y que algunas instituciones financieras han revelado”, explicó Berstein hace unos días en un encuentro con periodistas al ser consultada por Chócale.
En este sentido, Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), expresó que el hecho de que nuestro país sea el único que posea este tipo de legislación hace necesario plantearse si se está transitando en la dirección correcta.
“Uno tiene que preguntarse: ¿El hecho de que sea Chile el único en el mundo con este estándar no nos sugiere que quizás estamos cruzando la línea equivocada?”, planteó.
Según Opazo, el aumento de los fraudes y las operaciones no reconocidas luego de la implementación de la ley dan respuesta a esta interrogante; lo que a su vez se traduce en un desbalance en los roles de responsabilidad de todos los actores presentes en el ecosistema de los medios de pago.
Eventuales modificaciones a la ley de fraudes
El director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra, señaló que desde el Banco Interamericano de Desarrollo ven a Chile perfilado a ser uno de los principales hubs de tecnología financiera de la región. Sin embargo, hizo hincapié en que la regulación está llevando a que esto “caiga, decante por sí solo, y eso no es buena noticia”.
Es por esto que todos los actores de la industria de los medios de pago han hecho un llamado exhaustivo para llevar a cabo las modificaciones pertinentes de esta Ley de Fraudes.
José Gabriel Carrasco, CEO de Tapp, cuenta digital que busca impulsar la inclusión financiera, ve esta situación como una instancia para incluir más actores en la construcción de un sistema financiero más desarrollado e innovador.
“Somos conscientes de que esta ley nació con un buen espíritu, pero la data acredita que tiene muchas falencias por la forma en que se ejecutó. Definitivamente hay una oportunidad de que no sólo sean Fintech, sino que también la Asociación de Bancos, el mundo político y el mundo de los distintos gremios de sentarnos a sincerar lo que está sucediendo con los números y buscar lo mejor”, comentó.
Durante Chile Fintech Forum, Enrique Marshall, ex vicepresidente del Banco Central y actual presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, se refirió a la Ley de Fraudes como uno de los temas de preocupación para el grupo de trabajo sobre inclusión financiera.
“Preocupa el riesgo moral emergente que se está generando. Hay gente que se dedica a incubar este tipo de situaciones para obtener un beneficio personal”, aseguró.
Impacto negativo a largo plazo en la inclusión financiera
Varios actores de la industria de la banca y los medios de pago han recordado que la mayoría de las instituciones realizan anualmente importantes inversiones en ciberseguridad. Se han establecido políticas para minimizar el impacto de los fraudes reales, como reducir los montos máximos de las primeras transferencias electrónicas a destinatarios nuevos, uso de segundas e incluso terceras claves para autorizar transacciones, la implementación de los estándares 3DSecure en las pasarelas de pago internacionales y el uso de algoritmos para prevenir las compras sospechosas, entre otras.
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos por mejorar los estándares de seguridad en las operaciones de los clientes, las estadísticas muestran un significativo aumento en el número de casos y montos de los fraudes dado los incentivos que existen para burlar la normativa.
A largo plazo el aumento del mal uso de la Ley de Fraudes podría generar mayores limitaciones para realizar transacciones, mayores costos de administración de las cuentas y menores incentivos para que nuevos actores se incorporen en este mercado, lo que terminaría por derribar el propósito de generar mayor inclusión financiera en el país.
En el gobierno existiría voluntad para buscar cambios en la normativa, por lo que este tema ha sido tratado por distintos organismos, como la propia CMF, el Ministerio de Hacienda e incluso fue uno de los asuntos abordados en la reunión entre la ABIF y el Presidente de la República, Gabriel Boric, hace dos semanas.
En cambio, los diputados Flor Weisse y Cristhian Moreira (UDI) cerraron la puerta a eventuales modificaciones. A principios de mayo, a través de un comunicado de prensa, declararon que la ABIF está presumiendo que “todos los clientes intentan estafar a los bancos cuando la buena fe se presume, y si hay alguno que cometa estos delitos, es evidente que quien tiene la estructura para querellarse contra ellos son las instituciones financieras y no las personas naturales”.
