El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, señaló que tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraudes en 2020, se multiplicó por cuatro el número de casos reportados, calificándolo como una “vergüenza” para el país.
Las declaraciones las hizo en el marco del seminario “Ley Fintec y Finanzas Abiertas: los próximos desafíos de la industria financiera“, organizado este martes por EY y donde también participaron Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile; Ana María Montoya, socia en Butelmann Consultores y fundadora de Red ProCompetencia; Alejandro Alzérreca, gerente general de Seguros Vida Security; y Rubén Ulloa, gerente de la División Transformación Digital de Coopeuch; además de Mauricio Martínez, socio de Tecnología en Servicios Financieros de EY y Felipe Fernández, socio adjunto de EY Law.
Mena expuso que nuestro país inició tarde la discusión de la regulación Fintech respecto de otros países de la región, como Brasil, Colombia y México, y advirtió los peligros de implementar de forma muy rápida la Ley Fintech sin acompañarlo de otras legislaciones, como una Ley de Protección de Datos Personales y de Cyberseguridad.
“Esto debió haberse hace mucho tiempo atrás. La ley tiene el impacto de intentar hacer todo en siete días, como se construyó el mundo. Realmente, la ley lo que hace es simplemente poner un marco, porque estamos tratando de construir un edificio con cimientos que están recién fraguándose, con muros estructurales que todavía no están levantados”, aseguró Mena.
En esa línea, aseguró que “estamos tratando de hacer todo al mismo tiempo. Por supuesto, cuando uno hace todo al mismo tiempo tiene mucho riesgos de equivocarse. No nos podemos equivocar, porque estamos hablando de la oportunidad de dar un salto en las finanzas del siglo 21”.
El líder del gremio de la banca señaló que existen desafíos relevantes para la implementación de la Ley Fintech, donde existe disposición de todos los actores involucrados que participan en los grupos de trabajo, aunque planteó inquietudes respecto a la forma en que se relacionarán los distintos actores de la industria y quién será el responsable de los costos de implementación.
“La ley no permite el webscrapping y pretende irse por APIs. Es un tema importante, mayor. Lo menciono para mostrar que desde el inicio tenemos una situación que aclarar y que, en este caso, la CMF tiene que definir”, indicó.
Ley de Fraudes: El obstáculo para la digitalización financiera
Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos de José Manuel Mena tuvo relación con la Ley 21.234 que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas y medios de pago en casos de fraude, que entró en vigencia en mayo de 2020.
“Un problema que tenemos, y que tienen todos los actores de esta industria creciente, las Fintech, los bancos y las compañías de seguros, que tiene que ver con un marco legal que no ayuda a que la digitalización y las formas de pago, ojalá sin billetes y monedas, sea propicia. Es una ley que pone obstáculos para poder hacer que la responsabilidad en el medio de pago digital, en lo que corresponde a los fraudes, sea el asociado a las mejores prácticas”, aseguró.
En ese sentido, Mena expresó que “tenemos hoy día una ley que hay que modificar. La CMF, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central concuerdan que está mala. Señores congresistas, hay que corregir una ley asociada a la responsabilidad en el fraude de los medios pagos digitales“.
“Hoy día, lo que tenemos, hace que debamos mirar a quién le entregamos un medio de pago digital. La ley pone completamente la responsabilidad en el emisor, obligando a que debe respaldar que este señor al cual le dimos un medio de pago y yo tengo dudas sobre cómo hizo la transacción, tengo que probar que el señor tuvo intención de un dolo, de haber cometido una falta, y eso en ninguna parte del mundo opera así”, señaló el presidente de la ABIF.
A su juicio, las responsabilidades son compartidas y si bien reconoció que los medios de pago digitales requieren de buenas prácticas por parte de los emisores (como los bancos), pero que también existen responsabilidades por parte de los usuarios que los utilizan.
“Los fraudes a consecuencia de esta ley han aumentado 4 veces desde dos años a la fecha. Estoy hablando de centenares de millones de dólares. Esto es una vergüenza para un país en el siglo XXI“, señaló Mena.
