Con 32 votos a favor, el Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer trámite, el proyecto que busca modificar y modernizar los procesos concursales contemplados en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.
De esta manera, el Senado respaldó la iniciativa de forma unánime, por lo que resta que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre los cambios que se hicieron en esta última instancia. De ratificarse, el proyecto quedaría en condiciones de entrar en vigencia.
Respecto al avance del proyecto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó el apoyo que proporcionará a las empresas, especialmente a las MiPymes.
“Estamos muy contentos, esta ley implica una mejora sustancial a las empresas de menor tamaño y a las personas que están detrás de éstas. Va a permitir procedimientos de forma menos engorrosa y a un menor costo, lo que es muy relevante, especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos, dado el estrés a la que han estado sujetas en los últimos tres años. De esta forma se podrán, en muchos casos, proteger negocios que son viables en términos económicos”, señaló Grau.
El objetivo de este proyecto -que modifica la Ley 20.720- es disminuir la pérdida social y económica de la sociedad a través de una reasignación eficiente de los recursos, haciéndose cargo de las empresas que dejan de ser viables.
Lo anterior bajo cuatro pilares:
- Incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo reestructuraciones de pasivos.
- Crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas.
- Incentivar el reingreso del deudor de buena fe al sistema crediticio.
- Agilizar y simplificar los procedimientos.
Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, explicó que “prontamente esperamos cambios en la normativa. El Gobierno decidió hace un mes poner suma urgencia a la iniciativa de la modernización de la Ley que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación”.
Según la autoridad, esto les permite estimar que durante el primer semestre de 2023 habrá un aumento relevante en el número de solicitudes debido a “las bondades y el paquete de medidas que propone la nueva legislación”.
“Nuestra idea es estar preparados para que con esta nueva legislación tengamos nuevos procedimientos, que sean mucho más rápidos. Hemos medido que por lo menos dos años es lo que duran las liquidaciones para empresas de menor tamaño y con el proyecto de ley este plazo se reducirá a menos de la mitad, a unos ocho meses”, agregó.
La reforma a la Ley 20.720 busca que con la reorganización simplificada aumente sustancialmente el número de empresas de menor tamaño que puedan solucionar sus complejidades financieras, en la medida que así lo permita también la propia situación de la empresa, con un procedimiento simplificado de menor costo de acceso. La iniciativa ofrece beneficios como evitar la pérdida de empleos, loprotección directa para las familias) y no se corten cadenas de suministros o la interacción con proveedores, para prevenir el arrastre de empresas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia.
