El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) detectó que siete de cada diez clínicas y centros veterinarios fiscalizados no mantienen una lista de precios visible y accesible para sus clientes.
Además, muchos establecimientos entregan los valores de sus prestaciones solo de manera verbal o mediante presupuestos al momento de atender a las mascotas.
Asimismo, la fiscalización observó que un alto porcentaje de los locales tampoco tiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión de la clínica.
El SERNAC inició este operativo con el objetivo de revisar el mercado de cuidado de mascotas y comprobar el cumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Así, los equipos fiscalizadores del servicio inspeccionarán clínicas veterinarias y centros de atención en diferentes zonas del país.
Los puntos que fiscaliza el SERNAC en las clínicas veterinarias
La revisión de los fiscalizadores del SERNAC considera si los locales identifican al jefe de local y exhiben los precios de sus servicios. También examina la información sobre publicidad, promociones y ofertas, además del cumplimiento de los horarios de atención 24/7 cuando los establecimientos ofrecen ese servicio.
En materia de seguridad, el organismo verifica que los centros expliquen con claridad las características, riesgos y cuidados asociados a cada prestación. Además, revisa que cuenten con los registros y autorizaciones exigidos por la normativa y que atiendan profesionales calificados.
Entre los resultados positivos que han dejado las fiscalizaciones, el SERNAC señaló que todas las clínicas visitadas aplican formularios escritos de consentimiento informado antes de realizar intervenciones quirúrgicas o procedimientos de sedación.
De esta manera, el operativo apunta a que las personas reciban información veraz y oportuna antes de contratar una prestación veterinaria.
Finalmente, el servicio informó que, cuando termine el despliegue y se analicen todos los antecedentes, definirán eventuales acciones legales contra los proveedores que hayan afectado gravemente los derechos de los consumidores.
