La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), en conjunto con la Asociación de Consumidores Nuestro Tiempo (ACU Nuestro Tiempo), dio a conocer un estudio colaborativo sobre la Ley de Portabilidad Financiera. Los resultados muestran que quienes intentaron portarse corresponden al 16,5% de la muestra y pertenecen al quintil más rico.
La investigación se centró en conocer el nivel de conocimiento de los consumidores y usuarios sobre la ley, así como también el impacto que tendría en la población.
La Ley de Portabilidad Financiera (Ley 21.236) fue promulgada en junio del 2020 y tiene como objeto la promoción de la portabilidad entre instituciones financieras, o de un producto (servicio financiero) vigente a otro nuevo producto con el mismo proveedor.
En los productos o servicios portados, dominan aquellos que presentan solicitud por cambio de proveedor financiero (62%). Esto se da especialmente para capturar diferenciales de tasas de interés en créditos hipotecario (75% de los que intentaron portarse).
De acuerdo con el informe, entre quienes pudieron llevar a cabo una solicitud, 1 de cada 3 personas no pudo lograr su objetivo al no ser considerado un sujeto de crédito pese a su pertenencia en la institución financiera. Esto sería, de acuerdo con el informe, una clara muestra de la crisis, la falta de liquidez, así como la caída de los sueldos y del mercado laboral.
Trabas a la Ley de Portabilidad Financiera por parte de las instituciones financieras
Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, indicó que “durante el último trimestre del año se han restringido fuertemente las condiciones de otorgación de créditos por parte de las instituciones financieras dada la caída en liquidez del mercado, lo que ha redundado en mayores tasas de interés asociadas al común de los créditos (incluido el hipotecario)”.
“Por ende, ha caído el incentivo de arbitraje del corazón de la ley, haciéndola inoperante en la práctica”, concluyó el ejecutivo.
Por su parte, Iván Valdés, presidente de ACU Nuestro Tiempo, aegura que “otro hecho que se manifiesta en las respuestas, apunta a la evaluación negativa que tienen los clientes respecto a la atención y facilidades que dan los proveedores financieros al momento de solicitar información sobre la portación”.
En dicha línea, Valdés declaró que “el 42% de los que pidieron portarse mencionaron que las instituciones le pusieron barreras de entrada con una deficiente atención o una tramitación más larga de lo que dicta la ley. En contraste, sólo el 23% de los informantes manifestó que el proveedor financiero cumplió los plazos enunciados en la legislación”.
Desde ODECU y ACU Nuestro Tiempo declararon considerar que “la ley tiene un bajo efecto en las condiciones económicas vigentes en el país, las que seguramente durarán un par de años siguiendo los pronósticos de los analistas”.
“Asimismo, el espíritu de la ley se ha visto afectado, la que en la práctica ha operado como un instrumento selectivo y, por lo tanto, discriminatorio para la mayoría de los clientes financieros del país”, concluyeron las instituciones.
