A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin (N° 21.643), la tasa de denuncias registradas en el canal de Buk se estabilizó en torno a un caso por cada 1.000 trabajadores al mes. El análisis consideró datos de más de 1.340 empresas y 200.000 colaboradores.
La tasa llegó a un máximo de 2,5 denuncias por cada 1.000 trabajadores en agosto de 2024, tras la entrada en vigencia de la normativa.
Posteriormente, descendió y durante el primer semestre de 2026 se mantuvo entre 0,93 y 1,09 denuncias por cada 1.000 trabajadores.
Además, en un mes promedio, más del 91% de las empresas no registró denuncias.
Micro y pequeñas empresas presentaron la mayor tasa
Al analizar los resultados según el tamaño de las organizaciones, las micro y pequeñas empresas presentaron la mayor tasa promedio mensual, con 1,9 denuncias por cada 1.000 colaboradores. Le siguieron las empresas medianas, con 1,7 casos, y las grandes, con 1,3.
“Los datos muestran que el sistema ya superó la fase de ajuste inicial y hoy opera con mayor estabilidad. Sin embargo, el gran desafío que observamos en las pymes tiene que ver con adoptar protocolos de manera ágil: es fundamental fortalecer el acompañamiento y entregar herramientas simples que faciliten el cumplimiento de la normativa en las organizaciones de menor tamaño", señaló Lesley Warren, Head of Research de Buk.
"Estas brechas pueden estar relacionadas con una menor formalización de políticas o con la ausencia de un área de recursos humanos dedicada”, añadió.
Entre abril de 2024 y junio de 2026, se registraron 4.269 denuncias en el canal de Buk. De ese total, 2.025, equivalentes al 47,4%, correspondieron estrictamente a las tres causales contempladas por la Ley Karin.
Dentro de este grupo, el acoso laboral concentró el 70,4% de los casos, seguido por la violencia en el trabajo, con 21,2%, y el acoso sexual, con 8,4%.
Minería lideró la tasa de denuncias
Por actividad económica, la Minería registró la mayor tasa, con 4,26 denuncias por cada 1.000 trabajadores. En segundo lugar apareció Servicios, con 3,18.
En el otro extremo quedaron Construcción, con 0,58 denuncias por cada 1.000 trabajadores, y Agricultura, con 0,81. Según el análisis, estas diferencias podrían responder a barreras de acceso digital y al despliegue de canales de reporte en lugares más amplios o dispersos.
Los datos de registros se complementaron con un pulso realizado por Buk en julio de 2026 a 133 trabajadores. El 76% identificó la falta de conocimiento sobre la ley como uno de los principales obstáculos para su efectividad, mientras que el 59% mencionó el miedo a represalias.
En cuanto a los canales de denuncia, el 50% de los encuestados señaló que conoce el canal de su empresa y sabe cómo utilizarlo. Otro 22% dijo que sabe que existe, pero no cómo usarlo, mientras que el 28% desconoce si su organización cuenta con uno.
Entre quienes declararon razones para no utilizar estos canales, un 37% mencionó la desconfianza en la confidencialidad del proceso y un 31% el miedo a represalias.
“Vemos que el desafío de esta nueva etapa es avanzar desde la implementación formal hacia una implementación efectiva. La tecnología puede ser un habilitador de ese proceso, pero no reemplaza una gestión consistente ni una comunicación clara que permita a los trabajadores entender cómo actuar frente a una situación concreta”, concluyó Warren.
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