Estados Unidos endureció su trato con América Latina, y Chile comenzó a sentirlo. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en 2025, Washington aumentó la presión sobre la región en seguridad, migración y comercio. Para un país que vive de sus exportaciones, el frente comercial es el que más pesa.
Algunos analistas han bautizado este giro como la 'Doctrina Donroe', un juego de palabras entre Donald Trump y la antigua Doctrina Monroe, que marcó la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina durante buena parte del siglo XIX.
"Es una analogía a la doctrina Monroe (...), pero en relación a China, y a una asertividad mayor de EE.UU. en la región frente a países que no se alinean con sus intereses", explicó Gustavo González, académico del Instituto de Economía UC. En lo económico, esa disputa se libra con una herramienta concreta: los aranceles.
Y ese arancel ya golpeó a Chile. Desde el 25 de julio, Estados Unidos cobra un 12,5% a buena parte de las exportaciones chilenas, un costo extra que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales calcula en unos US$212 millones.
“Llevamos aproximadamente un 60% de los bienes excluidos, hasta ahora, pero queremos sentarnos a negociar la ampliación de esa figura”, explicó el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras el anuncio del gobierno norteamericano.
Pero la situación no se queda ahí. El pasado 13 de agosto, un informe de la Casa Blanca acusó a Chile, junto con otros 40 países, de ser una puerta "oportunista" para el ingreso encubierto de productos chinos que buscan esquivar aranceles.
¿Quién termina pagando el arancel?
Un arancel es, en simple, un impuesto que un país cobra a los bienes que ingresan desde el extranjero. "Quien escribe el cheque ante la aduana estadounidense es el importador local, pero ese costo no se queda ahí", explicó René Fernández, economista y académico de la Universidad de Santiago.
Ese sobrecosto puede trasladarse hacia atrás, al proveedor, y hacia delante, al consumidor. Fernández lo describió como "un impuesto regresivo disfrazado de política comercial".
Aunque la mecánica diga que paga el importador, en la práctica el costo se reparte según el poder de negociación de cada parte. Así lo detalló Carlos Smith, profesor investigador de la FEN de la Universidad del Desarrollo: el arancel "se termina repartiendo generalmente entre los dos", y la proporción que asume cada uno depende de quién tenga menos alternativas.
El resultado depende de qué tan sustituible sea el producto. Cuando el bien chileno tiene reemplazo, como el vino, el exportador nacional debe absorber el alza para no perder mercado, y ahí Chile quedó en desventaja frente a un competidor directo.
"En la góndola, nuestra botella podría ser más cara que la botella argentina", advirtió Smith, en referencia al arancel de 10% que enfrenta Argentina frente al 12,5% aplicado a Chile.
El extremo contrario ocurre cuando el producto no tiene reemplazo fácil. Si Estados Unidos no puede sustituir la fruta chilena de contraestación, el importador sube el precio en la góndola y traslada el costo al consumidor final. La carga, entonces, termina lejos del exportador nacional.
Los sectores que quedaron en la mira
El cobre, el litio y varias frutas quedaron exentos, lo que significa que cerca del 60% de los envíos a Estados Unidos queda fuera del gravamen. El impacto se concentra en la agroindustria, la acuicultura y el sector forestal. El salmón, la fruta, el vino y la madera son los más expuestos.
Fernández cifró el impacto directo con crudeza: "Nuestro Tratado de Libre Comercio (TLC) queda, de facto, suspendido para un 40% de las exportaciones", con pérdidas que estimó en más de US$300 millones solo en fruta.
Juan Pablo Medina, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), recordó que Estados Unidos sigue siendo clave para las exportaciones chilenas, pese a que China lo desplazó del primer lugar. "Es un mercado relevante para productos industriales, salmón, frutas, vinos y otros agropecuarios", precisó, y por eso son esos rubros los que más sienten el cambio.
El riesgo que preocupa no es el arancel
El consenso entre los expertos es que el mayor peligro no está en la sobretasa, sino en los efectos indirectos de una guerra comercial global. De acuerdo con Medina, si el comercio mundial se debilita, cae la demanda por cobre, se fortalece el dólar frente al peso y las empresas postergan sus proyectos de inversión.
A eso se suma un efecto colateral: los productos que pierden acceso al mercado estadounidense buscan nuevos destinos y pueden llegar más baratos a mercados como el chileno. Fernández advirtió que esa desviación de comercio golpearía a la industria local, obligada a competir con bienes que ingresan a precios bajos.
Por ahora, sin embargo, ese golpe teórico no se ha materializado. González introdujo un matiz relevante: hasta el momento las condiciones financieras para Chile no se han deteriorado mayormente, e incluso el cobre "ha tendido a reaccionar positivamente".
La explicación está en el cobre, que hoy opera como colchón. El alto precio del metal amortigua el impacto, aunque es un alivio que no depende de Chile. "Chile está protegido de alguna manera con un colchón, que es el cobre, que es cíclico", planteó Smith, y advirtió que el escenario más complejo sería una combinación de tres factores: que la negociación con Estados Unidos fracase, que el cobre se corrija a la baja y que la inversión no se recupere.
Que Trump recurra a esta herramienta no es casual. Fernández apuntó que puede imponerla sin pasar por el Congreso, vía la Sección 301, y que combina tres objetivos: recaudar, presionar en la mesa de negociación y reactivar la industria estadounidense bajo la lógica del America First.
La disputa comercial también tiene un trasfondo geopolítico. González lo graficó con la polémica del cable de conexión chino, que durante la administración de Gabriel Boric derivó en sanciones a funcionarios chilenos y sus familias.
El punto de fondo es que la ofensiva erosiona la base sobre la que Chile construyó su modelo: los tratados de libre comercio. "Chile vive de la predictibilidad de los tratados", apuntó Fernández.
Smith fue más tajante sobre el TLC con Estados Unidos: "por esta vía media administrativa, no se ha respetado, y por lo tanto empiezan a perder valor, empiezan a perder confianza". El problema, agregó, es que el país queda atrapado entre sus dos socios estratégicos, China y Estados Unidos, en la incómoda posición de "ser el jamón del sándwich".
De ahí que el desenlace se juegue en la mesa de negociación, en lo que pida Washington a cambio de reducir el arancel. "Estados Unidos podría pedir condiciones regulatorias que van más allá del comercio", advirtió Smith, y ahí "el riesgo finalmente no es solo económico, es de soberanía regulatoria". Por ahora, el Gobierno ha sido claro: quiere mantenerse dentro del TLC vigente y no ceder esa autonomía.
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