Argentina comenzará a exigir a todos los turistas extranjeros la contratación de un seguro de salud para poder ingresar a su territorio.
La exigencia, impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue oficializada el pasado 29 de mayo a través del decreto 366/2025, el cual modificó la Ley de Migraciones y estableció nuevos requisitos para el ingreso, la permanencia y el acceso a servicios públicos por parte de personas extranjeras.
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La medida aplica para todos los viajeros sin excepción y obliga a presentar una declaración jurada que detalle el motivo del viaje y acredite la contratación de un seguro médico vigente que cubra eventuales necesidades sanitarias durante la estadía en el territorio argentino.
“En los establecimientos que brinden atención sanitaria administrada por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”, se indica en el documento.
No obstante, en casos de emergencia, el Estado argentino seguirá ofreciendo atención médica sin importar el estatus migratorio del paciente.
Si bien el decreto ya fue publicado, las autoridades trasandinas aún no ha especificado desde cuándo comenzará a regir esta nueva normativa ni los mecanismos que se utilizarán para su implementación y fiscalización.
Ordenar el uso de recursos públicos y evitar un colapso del sistema
El Gobierno argentino justificó la medida como una forma de ordenar el uso de los recursos públicos en el sistema sanitario. Según su diagnóstico, el creciente ingreso de extranjeros que acuden al país en busca de atención médica gratuita ha generado una presión adicional sobre la infraestructura hospitalaria, comprometiendo su sostenibilidad financiera.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud trasandino, durante 2024 los egresos hospitalarios de personas extranjeras representaron el 10,58% del total, con un costo asociado de 72 mil millones de pesos argentinos. Las consultas ambulatorias, en tanto, sumaron otros 42 mil millones.
El Ejecutivo también cuestionó que algunos pacientes ingresen exclusivamente para tratamientos complejos —incluyendo trasplantes— sin que existan mecanismos adecuados de seguimiento clínico o trazabilidad posterior. Este fenómeno, señalan, ha afectado tanto el acceso como la calidad de la atención destinada a los ciudadanos argentinos.
La exigencia se enmarca en una reforma migratoria más amplia que también incluyó cambios al régimen de admisión, permanencia y deportación de extranjeros. En palabras del Gobierno argentino, el objetivo es “resguardar los derechos de los habitantes de la Nación” y “evitar que la desmesurada demanda de servicios de salud por parte de extranjeros lleve a un colapso del sistema”.
