El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a nueve empresas que operan máquinas de pago con tarjetas (POS) para exigir antecedentes sobre su configuración en relación con el cobro de propinas y la accesibilidad para personas con discapacidad.
El organismo solicitó a las empresas Transbank, Tuu, Sumup, Mercado Pago/Redelcom, Getnet, Compraquí, Klap, BCI Pagos, Kushki y Fudo, información sobre si sus máquinas incluyen configuraciones predeterminadas que sugieran propinas. El objetivo es garantizar que el cobro sea una decisión voluntaria del consumidor y no una imposición por defecto.
Además, el SERNAC consultó quién es el responsable de la configuración inicial de estos dispositivos: si las empresas proveedoras de las máquinas o los comercios que las utilizan. Esto permitirá establecer responsabilidades y definir medidas para evitar cobros automáticos de propinas en sectores no regulados por la ley, como peluquerías o tiendas que no pertenezcan al rubro alimenticio.
La fiscalización del SERNAC se da en el contexto de la tramitación de un proyecto de ley, impulsado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, que busca prohibir el cobro de propinas en sectores no contemplados en el artículo 64 del Código del Trabajo. Actualmente, la norma exige que restaurantes, pubs y locales similares sugieran un 10% de propina, pero siempre permite al cliente decidir si paga o no.
Accesibilidad y consumidores con discapacidad
Otro punto clave del oficio es evaluar la accesibilidad de las máquinas POS para personas con discapacidad visual o motriz. El SERNAC consultó si estos dispositivos incluyen soporte de voz, pantallas táctiles adaptadas o mecanismos que permitan ejecutar pagos sin necesidad de dictar claves a terceros.
El organismo subrayó que la inclusión financiera debe ser una realidad y que los avances en este ámbito son esenciales para garantizar la autonomía de todos los consumidores.
Las empresas tienen un plazo de 10 días hábiles para responder al SERNAC. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar acciones legales amparadas en la Ley del Consumidor. El objetivo final es mejorar las prácticas en el mercado, asegurando tanto la libertad de decisión de los clientes como el acceso universal a las herramientas de pago.
