La Cámara de Diputados aprobó durante la jornada de ayer, por una amplia mayoría, el proyecto de ley que establece un Registro de Deuda Consolidada, enviando dos de sus artículos a Comisión Mixta.
Estas incluyen el artículo 5, que aborda el acceso de las instituciones informantes al registro, y el artículo 25, que ajusta la Ley sobre Protección de Datos Personales para permitir el acceso a información sobre obligaciones financieras con ciertas restricciones.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó la importancia del proyecto, afirmando que la suma urgencia otorgada por el Ejecutivo “es porque contar con este tipo de registro refuerza la protección de los derechos de los deudores respecto de sus antecedentes financieros; y propicia que se generen mejores condiciones de plazo y tasas en los créditos, así como la prevención del sobreendeudamiento, que hoy aqueja a muchas familias”.
Asimismo, añadió que “no es inocuo que Chile sea el único país de la región que aún no cuenta con un registro que consolide la información crediticia tanto negativa (deudas impagas) como positiva (historial de acreencias pagadas) de las personas”, indicando que el proyecto de ley permite la coexistencia de este registro público y gratuito —tanto para los deudores como para los reportantes de la información— con los administrados por burós de créditos u otras entidades.
¿En qué consiste el proyecto de ley de deuda consolidada?
Este proyecto —que se encuentra en proceso legislativo desde 2021 y ha sido objeto de múltiples ajustes tanto en la Cámara como en el Senado— tiene como objetivo principal crear un registro público y gratuito que promueva la competencia y, con ello, mejorar el acceso al crédito en condiciones más favorables.
Sin embargo, esta iniciativa no solo busca reducir el sobreendeudamiento de personas y pequeñas empresas, sino también fortalecer la educación financiera y mejorar la fiscalización, promoviendo el diseño de políticas públicas adecuadas.
Asimismo, la normativa busca ampliar la obligación de reporte a entidades de crédito no solo bancarias, sino también a otros oferentes como los relacionados con créditos automotrices, que hasta ahora estaban excluidos si su patrimonio no superaba los 400.000 UF.
Esta medida permitirá que todos los oferentes de crédito informen a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tanto las deudas impagas como el historial de pagos de sus clientes.
