El proyecto de ley que establece un registro oficial de información sobre obligaciones crediticias —conocido como Ley de Deuda Consolidada— pasó a tercer trámite legislativo tras recibir un respaldo unánime en la Sala del Senado.
Esta iniciativa, que ahora espera discusión en la Cámara de Diputados, propone un sistema que no solo captura deudas morosas, sino también reconoce a quienes cumplen correctamente con sus pagos. Además, la idea es sumar toda la información, no solamente de bancos y cooperativas, como las deudas contraídas por financiamiento automotriz, que actualmente están al margen del sistema.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó la importancia de equilibrar la información crediticia disponible.
“Va a contribuir a consolidar un sistema mixto de información crediticia donde los burós privados no solo presten servicios de información, sino que también hagan evaluación de riesgo, bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Función que podrán desarrollar de mejor manera en un ecosistema con la mayor información que genera este proyecto", señaló Marcel.
Durante el debate, algunos senadores enfatizaron que la medida permitiría al sistema financiero realizar una evaluación más precisa de los riesgos, beneficiando el acceso a financiamiento. Esta ley facilitará condiciones más acordes con la realidad de cada deudor.
¿En qué consiste el proyecto de deuda consolidada?
El proyecto también contempla una instancia administrativa que regulará y supervisará a los agentes del sistema de información comercial. Se espera que esta autoridad asegure una implementación adecuada y proteja los derechos de los deudores, garantizando que sean los verdaderos propietarios de su información crediticia.
En lo que respecta a los detalles más técnicos, el proyecto ha sufrido varias enmiendas. Entre ellas, se destacan modificaciones que permiten un acceso más controlado y con consentimiento explícito al registro, limitaciones en la antigüedad de la información crediticia accesible y sanciones claras para quienes utilicen la información de manera indebida.
Así, el nuevo registro no sólo almacenará datos de deudas vigentes o extinguidas, sino también permitirá a los reportantes acceder a información solo con el consentimiento de los deudores, salvo en circunstancias donde exista otra fuente de licitud conforme a la ley. Esto se alinea con las disposiciones de las leyes que regulan la protección de la vida privada y la propia ley Fintec, que promueve la competencia e inclusión financiera.
En ese sentido, hubo parlamentarios que remarcaron la importancia de mantener la privacidad y la seguridad de los datos, especialmente en un ambiente donde la tecnología juega un papel cada vez más central.
Finalmente, el proyecto de ley establece un marco de sanciones detallado para infracciones, categorizando las violaciones a los derechos y obligaciones en leves, graves y gravísimas, con sanciones que varían desde amonestaciones escritas hasta multas, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
