Según un informe realizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a marzo de 2023, la carga financiera de aquellas personas con un sueldo inferior a $500.000 representa el 38% de sus ingresos. El mismo informe señala que el sobreendeudamiento en este segmento salarial ha alcanzado niveles críticos, llegando a un preocupante 76,7%.
Estas alarmantes cifras levantaron inquietud entre las autoridades y dieron pie a que el gobierno anuncie un proyecto de ley para contrarrestar el endeudamiento de los chilenos, el cual acaba de ser aprobado por la comisión de hacienda del senado.
El proyecto de ley presentado por el gobierno de la mano de Mario Marcel, cabecera del Ministerio de hacienda, acaba de ser aprobado de manera unánime por la comisión de hacienda del senado y ahora pasará a la cámara para que los parlamentarios voten la idea de legislarlo, y así comenzar su trayectoria legislativa.
La iniciativa busca reducir y prevenir el sobreendeudamiento de las personas mediante mecanismos como la modificación de la ley de fraudes, mecanismos para fijar y regular el pago de las tarjetas de crédito (TC) y un programa de garantías de apoyo al sobreendeudamiento.
Programa Estatal para Reducción de Deudas: Garantía y Requisitos
La iniciativa crea el Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento y su objetivo principal es permitir a las instituciones financieras refinanciar la deuda de personas con elevados niveles de endeudamiento, medido por la relación deuda a ingreso. Se espera que gracias a esta garantía estatal, las condiciones financieras sean más favorables para las personas y así generar una reducción de su deuda. Se podrá postular a este proyecto durante un año y los principales requisitos para postular son los siguientes:
- El total de tu deuda debe ser 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario; y setenta veces superior si se cuenta con un crédito de esta naturaleza.
- Esta medida está dirigida a sectores de la población con ingresos mensuales brutos inferiores a $1.500.000, por lo que la estimación es que 75.957 personas podrían acceder a ella.
- La persona podría refinanciar hasta UF 160 de su deuda.
- La mora debe ser inferior a 90 días.
- No podrán acceder a este programa aquellas personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El nuevo programa de garantías se extendería desde la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024 y en total se proyectan refinanciamientos por US$ 563 millones.
Nueva regulación para el pago de las tarjetas de crédito
El informe de la CMF reveló que a marzo de 2023, el 14% de las personas que usaban tarjetas de crédito pagaban menos de lo que se supone. Para las tarjetas no bancarias, como las TC que entregan tiendas de retail, este número era aún mayor, con el 54% pagando solo el monto mínimo o incluso menos.
El proyecto que se discutirá en la cámara propone cambiar las reglas del juego, con el objetivo de evitar que comprar algo en cuotas sin intereses termine por funcionar como un crédito con intereses, aumentando la carga financiera del usuario.
Si este proyecto se aprueba, la CMF pasaría ser el ente regulador de estas operaciones y podría establecer un mínimo de pago que beneficie a las personas, reduciendo el tiempo y el costo total del crédito, y disminuyendo el riesgo de no poder pagar.
Esto es complementario a la facultad que tiene el SERNAC para regular la información que se entrega al consumidor a cerca del acceso a créditos.
Modificación a la Ley de Fraudes y Programas Fogaes
Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fraudes por cada millón de pesos transado, se desconocían $93. Con la ley, esa proporción aumentó: por cada millón operado, $587 fueron reportados como desconocidos. El gobierno apunta a modificar los vacíos y falencias que tiene esta ley, aunque desde el sector financiero existe coincidencia en que las medidas son insuficientes para poner atajo a los casos de autofraude, una práctica que ha tomado ribetes incluso delictuales.
El ministro Mario Marcel explicó en la Comisión de Hacienda que este vacío costó al fisco unos US$ 150 millones anuales luego de implementada la ley.
En medio de la discusión, surgió la posibilidad de rechazar las cuentas corrientes a clientes que participen en este tipo de prácticas. El ministro aseguró que “en Chile la bancarización es un logro importante que nos da una fortaleza muy grande para la inclusión financiera. Entonces no puede ser que la solución a este problema sea que se niegue la apertura de una cuenta. Lo que ha planteado el ejecutivo en este proyecto es bastante prudente, pero al mismo tiempo bastante focalizado, dónde es necesario intervenir para evitar que esta dinámica de auto fraude siga creciendo a futuro”.
Por último, el paquete considera la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) construcción, a través de la flexibilización del monto de ventas anuales de una empresa, permitiendo que puedan postular aquellas con ventas menores a UF 100.000. Para aquellas empresas constructoras que trabajan con entidades públicas como el Ministerio de vivienda, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Obras Públicas, estas estarán eximidas del tope UF 1.000.000.
