La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la emisión de la normativa que regulará a los prestadores de servicios financieros contemplados en la Ley Fintech.
Entrará en vigencia el próximo 3 de febrero, representa un hito en el esfuerzo por brindar un marco regulatorio claro y robusto para el sector de tecnología financiera (fintech) en el país.
La normativa N°502, que reemplaza a las anteriores Normas de Carácter General N° 493 y N° 494, establece un conjunto de requisitos y obligaciones para los prestadores de servicios financieros, incluyendo plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesorías de inversión y crédito, y servicios de custodia de instrumentos financieros, entre otros.
Con esto, la CMF busca garantizar un adecuado nivel de gestión de riesgos y transparencia en la prestación de estos servicios.
Este cuerpo normativo impone varias obligaciones a los prestadores de servicios, que incluyen la inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, la autorización para la prestación de los servicios regulados, y el cumplimiento de normas en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos, capital y garantías. Además, enfatiza la importancia de la divulgación y entrega de información a los clientes y al público en general, asegurando así la transparencia y la protección del consumidor.
La elaboración de esta normativa es el fruto de un extenso proceso consultivo, que incluyó 42 mesas de trabajo con la participación de más de 200 personas, representando a 129 entidades.
La Ley Fintech, promulgada con el objetivo de promover la innovación tecnológica en la prestación de servicios financieros, busca también fomentar una mayor inclusión financiera y promoción de la competencia, sin dejar de lado la protección del cliente y la integridad del sistema financiero. La nueva normativa es un paso clave en este sentido, proporcionando una base para la supervisión y regulación de las entidades que operan en este ámbito.
La normativa también contempla disposiciones específicas para la acreditación de la idoneidad de los servicios de asesoría de inversión y establece requisitos de información para aquellos que ofrezcan recomendaciones sobre valores de oferta pública. Estas medidas refuerzan la responsabilidad y la calidad de la información que se proporciona a los inversores.
Con la entrada en vigencia de la normativa, los prestadores de servicios financieros tendrán hasta el 3 de febrero de 2025 para presentar sus solicitudes de inscripción y autorización.
Además, se estipuló que aquellas entidades que ya estén prestando servicios y realicen la solicitud podrán continuar haciéndolo hasta que la CMF resuelva sus solicitudes, garantizando así una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio.
