El Senado aprobó en general el proyecto de ley que plantea la creación de un Registro de Deuda Consolidada, por 35 votos a favor y 2 en contra, por lo que la iniciativa avanza en su segundo trámite constitucional.
Este nuevo registro sería público, gratuito y tendría como objetivo mejorar la competencia, el acceso y las condiciones de financiamiento, así como reducir el sobreendeudamiento.
El Registro de Deuda Consolidada contendrá información sobre deudas impagas y datos de créditos que han sido pagados en tiempo y forma. Se espera que el registro se alimente de datos proporcionados por los oferentes de crédito, quienes estarán obligados a informar y garantizar la exactitud y seguridad de la información. Estas entidades financieras deberán eliminar la información una vez utilizada para su finalidad respectiva.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia del proyecto. “Creemos que es importante dar este paso. Este es un proyecto que fue iniciado en el gobierno anterior, continuado y respaldado por el Gobierno del Presidente Gabiel Boric. Sería muy positivo para el desarrollo del sistema financiero y sobre todo para controlar el riesgo de sobreendeudamiento de los hogares”, señaló la autoridad.
Entre los elementos clave del proyecto se encuentra el reconocimiento de la propiedad de las personas sobre sus datos, consagrando derechos irrenunciables al acceso, rectificación y cancelación. Esto vendrá acompañado de sanciones para las instituciones financieras que incumplan, y la fiscalización estará a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Durante el primer trámite, el proyecto sufrió ajustes que aclaran el espíritu del Registro. Este será utilizado para operaciones específicas, asegurando que la entidad consultora respete el consentimiento prestado y reforzando al mismo tiempo las sanciones por acceso injustificado.
En la discusión del Senado se estableció una mesa de asesores para examinar los aspectos técnicos y se definieron una serie de indicaciones sobre temas como coherencia normativa con la Ley Pro Consumidor y con el proyecto de datos personales, además del refuerzo al ejercicio de derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Se fijó como plazo hasta el 9 de noviembre para presentar indicaciones respecto a los temas tratados.
