El proyecto de ley que busca crear un Registro de Deuda Consolidada avanzó este jueves en su segundo trámite constitucional en el Senado.
La iniciativa, presentada en diciembre de 2021, está con suma urgencia con el objetivo de acelerar su pronta aprobación. Sin embargo, su tramitación no ha sido fácil.
“Chile es el único país de Sudamérica que no tiene un Registro de Deuda Consolidada. En ese sentido, creemos urgente que se proceda con la dictación de esta iniciativa legal que, además de entregar grandes beneficios a los consumidores, complementará la conocida Ley Fintech, aportando de manera contundente a la inclusión financiera del país”, afirmó Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.
¿Qué es el Registro de Deuda Consolidada?
La iniciativa plantea crear un registro que estará a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En este registro, entidades bancarias y no bancarias aportarán y podrán consultar información financiera y crediticia de personas y empresas. El objetivo es incluir tanto el monto de la deuda como el comportamiento de pago histórico.
“Este proyecto va en la línea de otras iniciativas legales, como lo es el Sistema de Finanzas Abiertas incorporado en la Ley 21.521, que permitirán tener un mercado financiero altamente transparente, donde los usuarios podrán beneficiarse de sus propios datos transaccionales y financieros para tener finanzas personales saludables”, señaló Ignacio Pera Rivas, socio del área Fintech del estudio legal Dentons, en un comunicado.
¿Qué beneficios podría tener para los usuarios y clientes financieros?
La creación de un Registro de Deuda Consolidada es una iniciativa que podría tener una serie de ventajas para los clientes del sector financiero.
Desde FinteChile destacaron que la eventual aprobación de la ley permitirá que nuevos proveedores de financiamiento, como las Fintech, tengan acceso a la información bancaria que, hasta ahora, sólo manejan las entidades bancarias tradicionales. Esto fomentará la competencia y ofrecerá mejores tasas y condiciones crediticias.
Además, la existencia de un registro completo del comportamiento crediticio de una persona permitirá un análisis de riesgo más preciso, contribuyendo a evitar situaciones de sobreendeudamiento.
El registro no se centrará únicamente en la deuda morosa, sino que también reflejará el buen comportamiento de pago, permitiendo a las personas y empresas hacer uso de su reputación para acceder a créditos en mejores condiciones.
Finamente, el proyecto de ley reforzará el derecho de las personas sobre sus propios datos económicos y financieros, garantizando una mayor autonomía y seguridad en sus transacciones.
