La Asociación de Isapres manifestó este miércoles su preocupación por la implementación de la sentencia de la Corte Suprema, que ordena uniformar el sector Isapre bajo una única tabla de factores.
Según la gremio, la propuesta del Gobierno para cumplir con la sentencia podría desencadenar un “colapso” en el sistema privado de salud, afectando no solo a los afiliados, sino también al sector completo.
En su declaración, la asociación sostiene que la metodología propuesta por el Ejecutivo es inviable, ya que equivale a casi 100 años de utilidades. “Es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las Isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, sostiene el comunicado.
La Asociación de Isapres también señala que la Corte Suprema ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Sin embargo, argumentan que la propuesta del Gobierno hace precisamente eso, restringiendo el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, y llevando a un monopolio estatal de salud de facto.
“Hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”, dicen desde la agrupación.
Además, aseguran no comprender “por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”.
Con casi tres millones de afiliados bajo su responsabilidad, las Isapres hicieron un llamado a buscar un mecanismo que permita cumplir con el fallo de la Corte Suprema, pero manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud. Aseguran que la salud debe estar por encima de cualquier consideración ideológica y que es necesario encontrar una solución viable que no perjudique a los afiliados y pacientes.
El debate en torno a la implementación de la sentencia y sus implicancias continúa, mientras el tiempo para cumplir con la decisión de la Corte Suprema se agota.
