La guerra entre oftalmólogos y las ópticas que podría afectar tu bolsillo

El sábado pasado la óptica Rotter & Krauss publicó un inserto en El Mercurio donde acusa a la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) de intentar “resguardar sus intereses y monopolio” y de “bloquear el libre ejercicio de la optometría”, la cual está reconocida por la ley.

La ley 20.470, que fue aprobada el 2010, permite que un tecnólogo médico con mención en oftalmología pueda recetar lentes ópticos y prescribir fármacos del área oftalmológica de administración tópica, además de “controlar las ayudas técnicas destinadas a corregir vicios de refracción”. En términos simple, podrían detectar la existencia de una miopía o astigmatismo y podrían rectarte los anteojos que necesitas utilizar. También podrá detectar alteraciones en el globo ocular o disfunciones visuales para derivar al paciente a un médico especialista.

Un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional permite que los optómetras puedan trabajar en las sucursales de las ópticas. Considerando que hay 1.400 locales de este tipo a lo largo de Chile, esto podría abrir el acceso a la salud visual a una gran cantidad de chilenos, pero no todos piensan lo mismo.

La Sochiof, que agrupa a los oculistas, dice que la desregulación de la especialidad podría generar un sobrediagnóstico de problemas visuales, sobre todo si los optómetras son empleados de una óptica.

Han sido apoyados por el senador Guido Girardi, quien acusó a las ópticas de implementar un modelo de integración vertical.

“Es inaceptable que dentro de la óptica haya un señor indicando lentes que se va a comprar en el mismo lugar. La consulta la cobran barata y pero los lentes pueden ser hasta cinco veces más caros que si los adquiere en otro lugar. Esta es una práctica ilegal, inmoral y atenta contra la salud de la población”, señaló.

En todo caso, tal como lo asegura una nota publicada en el diario La Segunda, la optometría dentro de las ópticas es algo bastante común en los países desarrollados. De hecho, está permitida en todos los países de la OCDE a excepción de Francia.

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