Luego de solicitar una ampliación del plazo para ingresar sus indicaciones, el Gobierno expuso este martes ante la Comisión de Economía del Senado las modificaciones al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea, iniciativa que se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Durante la sesión, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, presentó los principales cambios del Ejecutivo, que incluyen nuevas restricciones publicitarias, modificaciones tributarias y condiciones para regularizar a los operadores.
"Buscamos entregar un marco de protección que impida el acceso de niños, niñas y adolescentes, que resguarde a los usuarios y que avance en la prevención y el tratamiento de la ludopatía”, señaló el subsecretario Vallebona.
Las indicaciones fueron ingresadas tras una mesa de trabajo desarrollada entre junio y agosto con asesores parlamentarios y representantes de Hacienda.

El Ejecutivo plantea combinar un sistema de licencias con mayores exigencias regulatorias y mecanismos para perseguir a las plataformas ilegales, argumentando que las prohibiciones absolutas no han logrado eliminar este mercado en otros países.
Prohibición total de publicidad
Uno de los principales cambios apunta a la publicidad. Mientras el proyecto original contempla regular esta actividad, las nuevas indicaciones proponen prohibir toda publicidad de plataformas de apuestas online, independientemente de si cuentan con licencia.
Para los operadores autorizados, incumplir esta disposición constituiría una infracción gravísima, que podría terminar con la revocación de su licencia.
En plataformas ilegales, se contemplan penas de presidio y multas de entre 10 y 20 UTM, con sanciones agravadas cuando la publicidad esté dirigida a menores de edad.
También se prohíben bonos y promociones para captar usuarios, aunque se contempla un período transitorio de un año para mantener determinada publicidad, sujeto a restricciones de horarios, contenidos y contratos anteriores.
Hacienda propone una carga tributaria de 22%
Otro punto relevante corresponde al régimen tributario de las plataformas autorizadas.
Según Hacienda, el proyecto actualmente contempla una carga máxima cercana al 38% sobre los ingresos brutos del juego (GGR), calculados como la diferencia entre apuestas recibidas y premios pagados.

El Ejecutivo cuestionó este esquema por considerar que genera distorsiones y supera las referencias internacionales de entre 15% y 25%.
En su reemplazo, propone una carga tributaria efectiva de 22%, compuesta por IVA sobre los ingresos brutos del juego, sin crédito, y un impuesto adicional de 3%.
Se mantendría el gravamen anual de 1.000 UTM por licencia, mientras que los aportes porcentuales al deporte y al juego responsable serían reemplazados por financiamiento directo a fondos específicos.
Nuevas condiciones para regularizar operadores
Las indicaciones también modifican los requisitos para las plataformas que actualmente operan sin autorización.
El Gobierno propone eliminar el impuesto único equivalente al 31% de los ingresos brutos del juego de los últimos 36 meses, reemplazándolo por un derecho habilitante de 3.000 UTM para obtener una licencia transitoria.
Además, las empresas deberán acreditar el pago, o un convenio de pago, del IVA devengado durante los últimos tres años por servicios digitales.
Hacienda argumentó que el impuesto original podría presentar problemas de constitucionalidad por su eventual carácter retroactivo.

En materia de protección de usuarios, se propone incorporar verificación biométrica, límites de tiempo y dinero destinado a apuestas y mecanismos de autoexclusión.
Asimismo, se contempla crear un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, con financiamiento mínimo de 60.000 UTM durante tres años.
Finalmente, el Ejecutivo plantea fortalecer el bloqueo de sitios web y pagos a plataformas ilegales, con fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Gremio que agrupa a plataformas ilegales cuestiona prohibición de publicidad
La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró las medidas para prevenir la ludopatía, pero cuestionó la prohibición de publicidad, bonos y promociones, advirtiendo que dificultaría competir con operadores ilegales.
“Si las plataformas reguladas no pueden darse a conocer ni ofrecer condiciones competitivas frente a la oferta ilegal, la más importante y primera de todas las condiciones de protección no se habrá cumplido. La regulación protege solo a quienes juegan dentro de ella”, sostuvo el gremio.
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