El Gobierno propuso postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719).
La medida busca contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación, otorgando un año adicional de preparación para una reforma que afectará a organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que tratan datos personales.
El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, explicó que la propuesta busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva.
“Esta es una reforma muy relevante para Chile y nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, señaló Mas.
Cambios en la Agencia de Protección de Datos
La iniciativa también contempla fortalecer la Agencia de Protección de Datos Personales, aumentando de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y estableciendo un quórum de tres miembros.
Además, propone adelantar la designación de su primer Consejo, de manera que pueda iniciar oportunamente el proceso de instalación, avanzar en la regulación secundaria y establecer criterios y estándares que entreguen certeza antes del inicio de las nuevas facultades de fiscalización.
El período adicional también permitirá que organismos de la Administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y actores del sector privado adecúen sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones.
Con esto, el Gobierno busca disminuir la incertidumbre y evitar costos innecesarios derivados de una implementación apresurada de una normativa de amplio alcance.
La propuesta apunta a compatibilizar el fortalecimiento de la protección de datos personales con una implementación seria y responsable, de forma que la nueva regulación cuente desde su inicio con una institucionalidad preparada, reglas conocidas y capacidades suficientes para ser aplicada y fiscalizada correctamente.
