La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó el lunes la modificación de la norma que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en nuestro país.
El cambio más relevante: la entrada en vigencia del sistema se pospone hasta julio de 2027, con lo que su operación plena no se alcanzaría antes de 2030, según proyecciones del sector. La noticia cayó como un balde de agua fría en el sector fintech (ver recuadro).
El SFA es uno de los pilares de la Ley Fintech, promulgada en enero de 2023, que busca promover la competencia e inclusión financiera a través de la tecnología. En términos simples, el sistema permite que las personas y empresas compartan sus datos financieros con distintos proveedores de servicios para acceder a mejores productos, menores tasas y más opciones, sin depender exclusivamente de los bancos con los que ya operan.
La modificación normativa incorpora como elemento central un anexo técnico con las especificaciones para el funcionamiento interoperable del sistema, incluyendo los requerimientos para el intercambio de información y la iniciación de pagos. La CMF también habilitó un portal para desarrolladores que permite a las entidades comenzar a prepararse para operar.
¿Qué cambió además del plazo?
Además del plazo, la norma introduce varios ajustes de diseño. Uno de los más relevantes es la formalización de un período piloto de pruebas antes de la entrada en vigencia: dos meses obligatorios sin niveles de servicio exigibles, seguidos de seis meses con exigencias atenuadas. La CMF también pone a disposición un entorno de pruebas, denominado sandbox tecnológico, para que las entidades puedan testear sus integraciones antes de operar en producción.
La norma también crea una modalidad de "participación simplificada" para entidades de menor tamaño, lo que les permite incorporarse al sistema con requisitos distintos a los que aplican a las instituciones más grandes, como bancos o emisores de tarjetas.
Otro ajuste relevante es la homologación del mecanismo alternativo. La ley contemplaba un canal secundario e independiente que asegurara el funcionamiento del SFA si fallaban las interfaces principales de intercambio de datos.
La nueva norma establece que ese mecanismo alternativo operará como modo de contingencia del sistema principal, no como un canal separado.
La CMF destacó que el proceso de elaboración de la norma contó con aportes del foro de finanzas abiertas, instancia que reunió a representantes de distintas industrias. Según el regulador, los entregables de ese foro "fueron fundamentales para la confección de la normativa, la cual sienta las bases para la operación de un sistema robusto, que se espera posibilite mayores niveles de competencia en el mercado financiero, con una mayor y mejor oferta de productos para los clientes".
En una columna publicada en La Tercera el mismo lunes, firmada por el consejo de la CMF, el organismo señaló que "queremos ser enfáticos en señalar que esta medida busca resguardar a cabalidad la confianza en el SFA, y no pretende alterar su rumbo de evolución y desarrollo".
La reacción de la industria fintech
FinteChile valoró los avances técnicos incluidos en la norma, pero advirtió que el diseño regulatorio debilitaría la competencia en la industria financiera. Para el gremio, la postergación, sumada a los problemas de diseño, compromete los beneficios que el sistema prometía a personas y empresas.
Uno de los puntos más críticos es la introducción del régimen piloto. La norma agrega dos meses obligatorios sin niveles de servicio exigibles, más seis meses con exigencias atenuadas. Según FinteChile, eso retrasaría en ocho meses adicionales el inicio operativo real del sistema en cada etapa del calendario.
En materia del mecanismo alternativo, el gremio advierte que la nueva definición "supedita la disponibilidad efectiva del sistema a la robustez interna que tengan los actores incumbentes, sin establecer mecanismos independientes que aseguren la continuidad del sistema cuando el mecanismo principal falle".
FinteChile reiteró su disposición a colaborar con la CMF y llamó a que los avances técnicos incorporados en la norma sean la base para acelerar la implementación, no para justificar nuevos retrasos. "Cada año de postergación o un mal diseño regulatorio pone en riesgo los beneficios que este sistema va a entregar", señaló el gremio.
