La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió este lunes 25 de mayo una segunda consulta pública sobre la normativa que regula el consentimiento que las personas otorgan para el acceso a su información crediticia en el Registro de Deuda Consolidada (REDEC). Las partes interesadas tienen hasta el 1 de junio de 2026 para enviar sus observaciones.
La propuesta define los procedimientos que deben seguir las entidades financieras reportantes en cuatro áreas clave: la obtención, registro, reporte y rendición de cuentas del consentimiento que otorgan los deudores para que terceros accedan a su información de deuda consolidada.
El objetivo central es fortalecer el resguardo de los derechos de los usuarios mediante mejores prácticas que deben aplicar las entidades que participan del REDEC.
Entre los aspectos técnicos que aborda el informe normativo se encuentran la notificación al deudor, la codificación o encriptación del consentimiento digitalizado, la actualización de registros en el sistema y la creación de un proceso tecnológico para los flujos de consentimiento y solicitudes de acceso.
Segunda ronda tras más de 200 comentarios
La CMF realizó la primera consulta pública entre el 2 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, instancia en la que recibió "más de 200 comentarios por parte de la industria y otros interesados". A partir de ese proceso, el organismo regulador elaboró una versión ajustada de la propuesta normativa.
Esta segunda ronda se centra específicamente en los plazos de implementación contenidos en el Título IV, "Vigencia", de la norma modificatoria. Es decir, la CMF no reabre el debate sobre el fondo de la regulación, sino sobre los tiempos que tendrán las entidades para adecuarse a los nuevos estándares.
Las observaciones deben enviarse a través del portal de Normativa en Consulta del sitio web de la CMF , donde también está disponible el proyecto normativo completo junto con el Informe Normativo que detalla el análisis post primera consulta.
La CMF administra el REDEC bajo el marco de la Ley N°21.680, que regula el uso de información crediticia de los deudores y establece que el acceso a esos datos requiere el "consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor".
