La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) manifestó su preocupación ante la incertidumbre en torno a la implementación de la Ley N° 21.553, que regula a las plataformas de transporte, conocida como "Ley Uber".
Desde la entidad advirtieron que las señales contradictorias de distintos gobiernos sobre el reglamento pendiente han prolongado un escenario de indefinición que afecta directamente a los usuarios.
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A su juicio, la discusión debe enfocarse en definir un marco regulatorio que beneficie a los consumidores. En este sentido, recalcaron que la normativa debe compatibilizar seguridad, transparencia, cobertura, competencia efectiva y el resguardo de los datos personales.
Pese a las críticas, la asociación valoró los avances incluidos en la ley, como el reconocimiento de las plataformas como empresas de transporte, la asignación de responsabilidad frente a fallas del servicio y la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
“Las personas consumidoras no pueden seguir atrapadas entre la presión de las plataformas y la disputa política. Chile necesita una regulación que salga del limbo, pero que lo haga sin sacrificar seguridad, transparencia, privacidad ni acceso equitativo al servicio", señaló Stefan Larenas, presidente de ODECU.
Otros puntos a considerar
La organización advirtió que la demora en dictar el reglamento debilita la certeza sobre las condiciones en que se presta el servicio, lo que impacta directamente en la experiencia de los usuarios.
Asimismo, enfatizó que cualquier modificación debe basarse en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando retrocesos en los derechos de los consumidores por presiones sectoriales.
Entre los aspectos que consideró irrenunciables destacan la entrega de información previa y clara sobre tarifas; la identificación verificable de conductores y vehículos; el monitoreo del viaje con canales de emergencia y la posibilidad de cancelar sin costo ante inconsistencias.
"Una regulación moderna no puede construirse a costa de debilitar estándares básicos. La información clara, la seguridad del viaje y la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos son condiciones mínimas que deben resguardarse en todo momento", agregó Larenas.
Desde ODECU también alertaron sobre la necesidad de reforzar la protección de datos personales, considerando el uso intensivo de información sobre recorridos y patrones de movilidad. En esa línea, plantearon establecer exigencias robustas en seguridad de la información y límites en su uso.
Finalmente, la organización instó al Ejecutivo a fijar plazos claros para implementar el régimen, garantizar la participación de organizaciones de consumidores y evitar cualquier rebaja en los estándares de protección.
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