Hace algunas semanas entraron en vigencia las últimas exigencias de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU) para los locales de venta de alimentos. En ese contexto, diversos gremios ligados a la gastronomía y el comercio evaluaron el proceso de implementación y plantearon los aspectos que, a su juicio, aún requieren mayor claridad.
Entre las modificaciones más recientes, la normativa prohíbe la entrega de artículos desechables para consumo al interior de los establecimientos, con excepción de aquellos fabricados en madera, papel o cartón biodegradable. Este cambio obligó a decir adiós a los sachets de aderezos, los vasos de un solo uso y otros implementos característicos de los restaurantes, locales de comida rápida, cafeterías, entre otros.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) advirtieron que esta etapa exigió a los establecimientos una adaptación operativa significativa, ya que altera prácticas habituales en la atención al público.
“En términos concretos, muchos locales han debido sustituir progresivamente envases, cubiertos, vasos, bandejas, tapas y otros elementos de un solo uso por alternativas reutilizables o por materiales permitidos por la normativa, lo que implica revisar proveedores, disponibilidad de insumos y estándares técnicos de los productos utilizados”, señaló María Teresa Vial, presidenta de la CCS, en conversación con Chócale.
Por su parte, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), sostuvo que la legislación presenta vacíos y espacios para interpretaciones que "va a ser importante ir aclarando con el tiempo".
En términos generales, los gremios valoran el objetivo de la Ley PUSU y respaldan su implementación. Sin embargo, mantienen inquietudes respecto a la falta de claridad sobre los materiales prohibidos, los mecanismos de verificación, entre otros factores.
"Nos preocupa la poca claridad sobre la implementación del sistema de certificación de plásticos, los mecanismos verificadores, los procesos de validación técnica de estos materiales y los tiempos para la exigibilidad de nuevas conductas, que permanecen en un territorio de ambigüedad que contraviene el principio básico de certeza jurídica", señaló Carolina Cuevas Merino, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales de Chile.
Dificultades que han presentado los locales ante la Ley PUSU
Picallo comentó que uno de los principales inconvenientes que introdujo esta última etapa de la ley fue la prohibición de entregar sachets en los restaurantes, lo que ha generado molestia entre algunos clientes.
Para el líder de la ACHIGA, es fundamental encontrar una alternativa para el sachet, ya que actualmente no cuenta con un reemplazo similar. Además, ejemplificó que los supermercados pueden seguir vendiendo kétchup, mostaza y otros aderezos sin inconvenientes en sus envases plásticos.
La presidenta de la CCS afirmó que las principales dificultades de las empresas "se concentran en la necesidad de adecuar procesos operativos que forman parte estructural del funcionamiento diario de los establecimientos, especialmente en sectores donde la entrega de envases, utensilios y elementos de servicio está directamente vinculada a la atención al consumidor".
Adicionalmente, las empresas deben incorporar nuevos criterios operativos en su operación diaria. Entre estos, destacan distinguir entre consumo dentro y fuera del local; ajustar los protocolos de entrega; y capacitar a los equipos de trabajo, entre otros aspectos.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales señaló que se ha avanzado hacia el uso de materiales más amigables con el medio ambiente, aunque aún persisten interrogantes en cuanto a la certificación de los plásticos autorizados y su fiscalización.
"Además, hay diferencias entre los materiales que se pueden entregar desde los locales y los que se utilizan para el delivery", agregó Cuevas Merino.
La importancia de una interpretación oficial
Desde ACHIGA advierten que existe una falta de difusión, especialmente en regiones, sobre los elementos que prohíbe la ley. “Hoy en muchos lugares de Chile se sigue usando el plumavit que está prohibido desde antes del inicio de esta ley", añadió Picallo.
A juicio de Picallo, existe un desconocimiento en la industria, ya que las grandes cadenas han seguido de cerca el proceso, pero en los pequeños negocios ni siquiera saben que existe esta normativa.
Las municipalidades, en su rol fiscalizador, cumplen un papel fundamental, aunque no todas están al tanto de las exigencias de la ley. María Teresa Vial indicó que es relevante contar con una interpretación oficial que entregue criterios claros que faciliten el cumplimiento y resguarden una implementación normativa homogénea.
“La experiencia demuestra que las políticas públicas ambientales alcanzan mejores resultados cuando se implementan con gradualidad, certeza jurídica y criterios uniformes. Por eso, como gremio presentamos oficios ante el Ministerio del Medio Ambiente y la Contraloría General de la República pidiendo formalmente aclaraciones", indicó Vial.
Tras esta acción de la CCS, la cartera medioambiental envió un oficio a las municipalidades del país para precisar aquellos aspectos cruciales de la entrada en vigencia y la exigibilidad de la Ley PUSU a nivel nacional.
Para Cuevas, "una interpretación oficial contribuiría enormemente a clarificar las zonas grises, ordenar la temporalidad y las nuevas etapas de esta normativa para poder cumplirla y lograr disminuir el impacto al medioambiente".
Finalmente, Picallo agregó que como industria estaban esperando la instalación de las nuevas autoridades para "ver cómo podemos trabajar estos puntos para dar mayor certeza jurídica y ojalá ir resolviendo sobre la marcha aquellos temas que la ley puede tener para los comercios, consumidores y fiscalizadores".
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