El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un proceso de fiscalización a locales comerciales ubicados en los principales malls del país, con el objetivo de verificar si están respetando los derechos básicos de los consumidores.
La acción considera inspecciones en centros comerciales de todas las capitales regionales, donde funcionarios revisarán distintos aspectos clave del funcionamiento del comercio.
Uno de los focos principales será comprobar que los locales informen correctamente los precios de los productos en vitrinas y exhibiciones. Según el SERNAC, es habitual detectar casos en que esta información no está disponible, lo que dificulta que las personas puedan cotizar antes de comprar.
Además, el organismo fiscalizará que las tiendas informen adecuadamente sobre el derecho a la garantía legal en productos nuevos que presenten fallas de fabricación. Este derecho permite optar entre la devolución del dinero, el cambio del producto o su reparación gratuita.
En ese sentido, los proveedores deben indicar claramente que el plazo para ejercer la garantía legal es de seis meses desde la compra o desde la recepción del producto, en el caso de compras realizadas por internet.
Medios de pago y condiciones de seguridad
Otro punto relevante de la fiscalización será verificar que los locales no impongan restricciones indebidas a los medios de pago. El Servicio recalcó que siempre debe permitirse el pago en efectivo, sin perjuicio de que los comercios puedan ofrecer alternativas adicionales como tarjetas de crédito, débito o transferencias.
Durante las inspecciones también se evaluarán las condiciones de seguridad al interior de los locales. Esto incluye posibles riesgos para los consumidores, como pisos mojados, estructuras inestables u obstáculos que puedan generar accidentes.
Asimismo, el organismo comprobará que los establecimientos cumplan con la obligación de informar el nombre completo del jefe de local y su domicilio, tal como exige la normativa vigente.
En caso de detectar incumplimientos, el SERNAC puede adoptar distintas medidas, como oficiar a los locales para que ajusten su conducta a lo establecido en la Ley del Consumidor.
Si las infracciones son consideradas graves, el Servicio puede presentar una denuncia ante la justicia. En ese escenario, los locales arriesgan multas de hasta las 300 UTM, es decir, cerca de $21 millones por cada infracción.
