TDLC multa a Oxxo Chile por entregar información falsa durante compra de OK Market

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a la matriz de Oxxo Chile a pagar $2.420 millones tras acoger el requerimiento de la FNE por omitir antecedentes sobre la adquisición de OK Market.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió multar a Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz de Oxxo Chile, por entregar información falsa a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante el proceso de aprobación de la compra de OK Market.

Según el fallo, la empresa no entregó todos los antecedentes exigidos por ley cuando notificó la adquisición a la FNE. En la revisión se detectó que CCA y su filial Oxxo Chile omitieron al menos 60 archivos con estudios sobre apertura de locales y análisis de desplazamiento de clientes, documentos que eran obligatorios para evaluar los efectos de la operación en la competencia.

El Tribunal concluyó que la compañía omitió antecedentes que estaba obligada a entregar y que se encontraban en su poder, cuestión que sabía o debía saber. Por eso, determinó que la empresa infringió el Decreto Ley N° 211, que castiga la entrega de información falsa en los procesos de control de fusiones.

"El no actuar conforme a ese deber y realizar una notificación entregando información falsa (...) evidencia que las partes notificantes omitieron el comportamiento diligente que el legislador estableció como adecuado para la situación particular, de manera tal que dicho actuar se considera culpable", sostiene el fallo.

La matriz de Oxxo deberá pagar una multa de 2.898 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a unos $2.420 millones, además de las costas del juicio. Esta es la segunda vez que el TDLC aplica una sanción de este tipo, luego del caso de Disney en 2024, que fue confirmado por la Corte Suprema.

Cómo se originó el caso que terminó con una millonaria multa a Oxxo por la compra de OK Market

La compra de OK Market por parte de Oxxo Chile al holding SMU —controlador de Unimarc, Mayorista 10 y Alvi— fue notificada a la FNE el 6 de noviembre de 2020. En esa instancia, la empresa pidió no entregar cierta información elaborada por la consultora Nielsen, argumentando que estaba sujeta a restricciones de confidencialidad. La Fiscalía rechazó parcialmente esa solicitud y declaró incompleta la notificación al comprobar que faltaban antecedentes relevantes.

La FNE ordenó a la compañía entregar todos los estudios y evaluaciones sobre la apertura de tiendas entre 2017 y 2019. Sin embargo, la matriz de Oxxo solo remitió 34 archivos adicionales, pese a que sus propios registros mostraban más de 90 evaluaciones internas en ese período.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó correos, informes y declaraciones que demostraron que la empresa tenía asesoría jurídica y económica para el trámite y que la información omitida existía y estaba disponible.

Entre los antecedentes se incluyeron correos entre abogados externos y ejecutivos del grupo mexicano Femsa —controlador de Oxxo— donde se coordinaba la recopilación de informes sobre el mercado y los planes de expansión de la cadena.

CCA intentó que se rechazara la acusación alegando que no actuó con intención de engañar, sino que se trató de un error. El Tribunal descartó esa defensa puesto que "este ilícito (…) no exige necesariamente una intencionalidad de entorpecimiento o de obstrucción como elemento del tipo infraccional, ya que lo que se resguarda es la notificación como tal, su integridad y autosuficiencia".

OXXO evalúa recurrir a la Corte Suprema

Desde OXXO señalaron que colaboraron activamente con la Fiscalía Nacional Económica, entregando todos los antecedentes solicitados en el marco de la investigación. Además, enfatizaron que "en ningún momento se entregó información falsa, ni se ocultaron deliberadamente antecedentes".

"Lamentamos que la sentencia interprete de forma distinta nuestra actuación, que en ningún caso buscó entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento", indicaron.

Ante esta situación, expresaron que evalúan recurrir a la Corte Suprema para obtener una segunda revisión del caso e impugnar lo resuelto.

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