El ingreso de MetroPago al mercado de los medios de pago, a través de su propia tarjeta de prepago vinculada a la red de carga del Metro de Santiago, encendió las alertas de instituciones financieras, emisores, recaudadores, marcas de tarjetas y autoridades regulatorias.
En el marco de la consulta presentada por MetroPago ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), varios intervinientes cuestionaron que la empresa estatal cuente con una ventaja estructural difícil de replicar y alertaron sobre los riesgos para la libre competencia y la inclusión financiera.
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La consulta busca la aprobación de la Propuesta General de Contratación (PGC) elaborada por MetroPago, la que podría regular las condiciones en las que esta podrá convenir con otros emisores no bancarios —como Tenpo, Mercado Pago, Copec Pay, Los Héroes o Coopeuch— la prestación de servicios de carga y recaudación de fondos.
Según MetroPago, la iniciativa apunta a permitir que otros actores accedan a la infraestructura del Metro, como las boleterías y máquinas de autoservicio. Para ello, según su interpretación de la ley, debe existir una prestación recíproca de recaudación y carga que sea prestado de forma mutua y equivalente.
Sin embargo, varios competidores y actores del sistema financiero están en desacuerdo, sobre todo porque dejaría afuera a aquellos emisores que operan principalmente por medio de canales digitales.
El corazón del conflicto: acceso equitativo y reciprocidad
Uno de los ejes de la propuesta es que los emisores que quieran acceder a la red de Metro también deben ofrecer servicios recíprocos, como permitir que MetroPago cargue sus tarjetas en sus propias redes. Pero ese principio fue ampliamente cuestionado, pues la infraestructura física que posee Metro no sería replicable.
Mastercard advirtió que la propuesta “impide a los competidores acceder de forma competitiva y costo-eficiente a la red física de propiedad de Metro S.A., (...) privando al resto de los participantes del mercado de esa posibilidad, consolidando de ese modo una ventaja competitiva significativa a favor de MetroPago, como emisor, que ningún otro actor será capaz de replicar”.
De hecho, la mayoría de los emisores no bancarios —como Tenpo, Mercado Pago, Copec Pay o Los Héroes— carece de canales presenciales propios.
En su presentación ante el tribunal, Mercado Pago cuestionó en varias ocasiones que la propuesta transgrediría el espíritu de la ley y que la interpretación de reciprocidad "no deriva de la buena fe".
"Quedarían excluidos casi la mitad de los emisores no bancarios, que llegan a representar el 94% de las tarjetas vigentes (...) lo que no se condice con el fin que la ley buscaba promover: la inclusión financiera", señaló la fintech de Mercado Libre.
Copec Pay fue más allá, al declarar que “MetroPago cuenta con acceso privilegiado a una infraestructura financiada con recursos fiscales, que no puede ser replicada por otros MPPF. Esto incide en forma directa en su estructura de costos y le otorga una ventaja comparativa muy difícil o imposible de igualar”.
Además, la firma vinculada al principal distribuidor de combustibles del país señaló que sería fundamental que MetroPago no inicie operaciones hasta que "exista un pronunciamiento expreso sobre la Consulta que valide el modelo de negocio en condiciones que aseguren la libre competencia y la igualdad de trato para todos los emisores no bancarios".
Tenpo, uno de los actores con mayor número de tarjetas de prepago y que está en proceso para la creación de un banco, planteó que la propuesta “condiciona el acceso a la red física de carga de MetroPago a la existencia de una red equivalente por parte del emisor solicitante, lo que representa una barrera de entrada para emisores cuyo modelo de negocios es esencialmente digital”.
También recordó que la infraestructura ha sido financiada con recursos públicos como subsidios o tarifas de transporte público.
Por su parte, Unired, la filial de recaudación de la supermercadista SMU, argumentó que la infraestructura del tren subterráneo "cuenta con una cobertura, visibilidad y volumen de tránsito de usuarios que no tiene competidor" y que se podría debilitar la competencia a mediano plazo, advirtiendo riesgos de integración vertical.
El rol del Estado y los límites del mercado
Una de las mayores controversias gira en torno al rol que debe tener una empresa pública como Metro S.A. al competir con actores privados.
American Express recordó que durante la tramitación de la Ley N°20.950, que habilitó a Metro a emitir tarjetas de prepago, ya existían temores sobre su eventual posición dominante, citando a parlamentarios y autoridades al momento en que se aprobó la normativa.
Además, AMEX acusó falta de transparencia y objetividad en la licitación privada a la que convocó MetroPago para definir con qué marca de tarjetas emitiría el producto.
Aseguran haber sido invitados a participar en la cotización y realizar una primera oferta, cuyo proceso fue declarado desierto. En una segunda oportunidad, acusan que se les dijo informalmente que "una de las principales desventajas (...) se debía al hecho que no se encontraba certificada (interoperable) con ninguno de los procesadores emisores existentes". En su presentación, la marca asegura que tomó conocimiento por la prensa que la licitación se la adjudicó Visa.
En tanto, Visa —la marca seleccionada por MetroPago para su tarjeta— aclaró que su rol se limita a ser la marca con la que se emitirá la tarjeta y proveer la red VisaNet, con la que se procesarán las transacciones a través de su switch. "Visa no tiene ni tendrá injerencia alguna en las relaciones entre MetroPago y los demás emisores no bancarios", sostuvo.
Coopeuch, por su parte, argumentó que “la realidad en torno a la necesidad de una mayor inclusión financiera ha cambiado bastante el mercado en estos casi diez años". La cooperativa indicó que el Estado ya tiene participación en el sector financiero a través de la CuentaRUT de BancoEstado y que posee una infraestructura no replicable.
Además, planteó su preocupación de quedar excluido de la categoría de ser emisor no bancario, ya que como cooperativa —al tener patrimonio superior a 400 mil UF y estar inscrita ante la CMF- no necesitan constituir una sociedad de giro exclusivo para emitir tarjetas de prepago, aunque siguen siendo una entidad no bancaria.
La posición de las autoridades
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuestionó que la exigencia de reciprocidad constituye "una barrera estructural para los emisores, al tornar inviable o excesivamente oneroso el acceso al servicio de recaudación y carga" y que esto configuraría una "negativa de acceso a un insumo de potencial importancia comercial".
Además, tras una solicitud de información a MetroPago, concluyó que "se buscó impedir que el emisor cumpla con el requisito de reciprocidad mediante la subcontratación de una empresa especializada en servicios de recaudación y carga". Todo esto, a juicio de la FNE, carecería de justificaciones objetivas relevantes.
Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recordó que la ley que permitió que Metro pudiera operar una tarjeta de prepago planteaba el concepto de reciprocidad "en un sentido funcional y operativo", y que esta no exige necesariamente una prestación idéntica o simétrica, sino acorde a sus capacidades.
"Esta interpretación evitaría a nuestro entender, excluir a entidades con menor o nula infraestructura, favoreciendo condiciones de competencia equitativas y el acceso no discriminatorio a las instalaciones que dispone Metro", señaló la CMF en su escrito.
Solo bajo esa interpretación se garantizaría que la prestación de estos servicios se realice en un marco de beneficios mutuos, evitando situaciones de explotación abusiva, imposición unilateral de condiciones o aprovechamiento de ventajas estructurales, agregó el regulador.
Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sostuvo en un escrito que “Metro podrá convenir con las entidades no bancarias emisoras de medios de pago con provisión de fondos, la prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos, para (lo que) deberá establecer condiciones de contratación objetivas, competitivas y transparentes, y requisitos técnicos y económicos no discriminatorios".
Tras la publicación de este artículo, desde MetroPago indicaron que obtuvieron la autorización del regulador para operar como emisor no bancario, lo que confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos para comenzar sus operaciones en el país.
“El modelo presentado por MetroPago no restringe la competencia y se basa en el propósito de hacer más simple y accesible la vida diaria de las personas, especialmente de quienes utilizan el transporte público como parte esencial de su rutina”, añadieron.
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