El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Automotora HDR y Compañía Limitada, por el eventual delito de estafa y apropiación indebida.
Según la entidad fiscalizadora, la empresa nunca entregó los vehículos adaptados para personas con discapacidad, pese a haber recibido pagos por adelantado que rondaban los $14 millones por cada cliente.
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La acción legal, impulsada por la Dirección Regional del SERNAC en Biobío, se basa en antecedentes que dan cuenta de un patrón reiterado de incumplimientos. Los afectados relataron que, tras realizar los pagos, los plazos de entrega se extendieron mucho más allá de lo prometido.
En algunos casos, la espera superó el año, pese a que inicialmente la empresa se había comprometido un período de tres meses.
A las demoras se sumaron otros problemas. Un grupo de consumidores denunció haber recibido vehículos en malas condiciones, con documentación incompleta y sin las mantenciones obligatorias.
Además, algunos acusaron que, al desistir de la compra, la empresa retuvo los abonos de forma indebida y no ofreció canales de comunicación efectivos para resolver los conflictos.
Citación al representante legal
El SERNAC intentó mediar a través de diversas acciones, incluida la citación al representante legal de HDR, quien no se presentó. Ante la falta de cooperación, el organismo concluyó que los hechos podrían configurar un delito penal.
“Como SERNAC no podemos permitir este tipo de vulneraciones hacia las y los consumidores. Estamos hablando de personas que confiaron, pagaron importantes sumas de dinero y nunca recibieron lo prometido. Por esta razón, en coordinación con nuestra Dirección Regional del Biobío, hemos remitido todos los antecedentes al Ministerio Público, ya que casos como estos, no pueden quedar impunes”, declaró el director nacional del SERNAC, Andrés Herrera.
Por su parte, la directora Regional del organismo, Angélica Solar, señaló que “rl objetivo de esta acción es que el ente persecutor, en base a sus competencias, inicie una investigación penal y solicite las sanciones pertinentes, que pueden incluir penas de cárcel para la o las personas responsables”, afirmó.
El Servicio recordó que su competencia se limita al incumplimiento de la Ley del Consumidor por parte de empresas legalmente constituidas. Cuando se trata de supuestas empresas que se crean con el fin de defraudar, el caso debe ser investigado por el Ministerio Público.
“La Ley del Consumidor se hace cargo del incumplimiento de las empresas, pero no de delincuentes que se disfrazan de empresas para defraudar”, concluyó el comunicado del organismo.
