Actores del ecosistema de pagos —desde adquirentes y comercios, además de la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE)— recurrieron a la Corte Suprema para impugnar la reciente resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que autorizó un nuevo sistema tarifario para Transbank.
El fallo, dictado a principios de marzo, estableció una nueva estructura para el cobro del margen adquirente (MA) —uno de los componentes de la comisión que pagan los comercios cuando aceptan pagos con tarjetas— y sentó las bases para una eventual desregulación de tarifas en caso de que el principal operador de tarjetas perdiera participación de mercado. Sin embargo, se presentaron un total de seis recursos de reclamación.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuestionó con dureza la resolución del TDLC, acusando que el nuevo sistema tarifario aprobado para Transbank se aleja de los principios establecidos por la Corte Suprema, especialmente en cuanto a objetividad, publicidad y no discriminación. Según el organismo, “la resolución contiene elementos que se apartan de criterios expresamente contemplados por la Corte Suprema (…) sin mediar una justificación suficiente para ello”.
Una de las principales críticas apuntó a la autorización para que Transbank pueda aplicar descuentos bajo la figura de meeting competition, lo que a juicio de la FNE permitiría a la empresa sostener precios bajo costo gracias a su escala y posición dominante, algo imposible para sus competidores. “La prohibición de descuentos no disminuiría para este caso la intensidad competitiva, sino que tiende a resguardar que los precios se ajusten al costo”, señaló la Fiscalía.
Además, la FNE advirtió que las tarifas diferenciadas que permitiría la resolución recurrida “vulneran el principio de igualdad” y desconocen que el sistema tarifario debe fijar cobros que reflejen estrictamente los costos incurridos. En esa línea, subrayó que la eventual desregulación de Transbank no puede fundarse solo en un cambio de participación de mercado, especialmente cuando “el consultante sigue siendo el actor dominante”, concentrando entre un 60% y 70% del monto total transado en adquirencia minorista.
Los argumentos de los PSP y competidores de Transbank
Flow, un proveedor de servicios de pago (PSP), sostuvo que el nuevo esquema permitirá que Transbank determine de forma unilateral los costos y tarifas a cada tipo de cliente. Esto, según la empresa, podría "estrechar o eliminar el margen de Flow para operar y/o permanecer en el mercado de adquirencia y subadquirencia".
A modo de ejemplo, indicó que las tarifas propuestas inicialmente implicaban un alza de 50% en el margen adquirente pagado por Flow. "Las tarifas PSP consultadas (...) eran, respectivamente, apenas un 2,8% y un 8,5% menores a aquellas tarifas cobradas a comercios", señaló, acusando un riesgo de estrangulamiento de precios.
Por su parte, Mercado Pago centró sus críticas en que el TDLC actuó sin que se cumplieran los requisitos fijados por la Corte Suprema para modificar el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAR). "Le está vedado al Honorable Tribunal modificar las condiciones que taxativamente estableció nuestra Máxima Magistratura", indicó la empresa.
Además, afirmó que la rebaja sustancial de las tasas de intercambio (TI), una de las condiciones clave, "no llegó a verificarse", ya que "a escasas horas de que se produjese, fue intempestivamente suspendida de forma indefinida por el mismo Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio".
La empresa Klap (Multicaja) también cuestionó la base del fallo, en especial la condición que permitiría desregular el MA si Transbank reduce su participación a menos del 50% por seis meses.
"La participación de mercado de Transbank medida en número de transacciones es artificialmente baja", argumentó, agregando que ese criterio fue una decisión discrecional de la propia compañía. En ese sentido, señaló que "la forma de medida las participaciones de mercado en la industria de pago ha sido tanto en Chile como en el extranjero considerarla a partir del monto de transacciones" y solicitó que se incorporen otras condiciones adicionales, como una rebaja sustantiva en las TI y los costos de marca.
Falabella acusa "contradicciones internas"
Digital Payments, PSP que pertenece a Falabella y procesa los pagos de las marcas de la firma, coincidió en advertir que el fallo contiene "contradicciones internas".
"La Resolución (...) valida que puedan existir tarifas con un componente (...) que no se encuentra anclado en la estructura de costos", señaló, respecto de las tarifas mixtas. También criticó que el funcionamiento del Panel de Expertos no garantice que todos los interesados sean escuchados, lo que a su juicio vulneraría el debido proceso.
Desde el lado de los comercios, el único recurso de reclamación provino justamente de Falabella, Sodimac y Tottus, todas empresas del grupo Falabella. También argumentaron que el fallo presenta "contradicciones internas" al validar una estructura tarifaria mixta que no se encuentra plenamente respaldada por diferencias de costos.
"El componente porcentual de una tarifa de estructura mixta no tiene base en diferenciaciones de costos", afirmaron. A su juicio, esto podría derivar en subsidios cruzados entre agentes económicos.
"Lo que la resolución reprocha desde un punto de vista práctico al analizar la estructura tarifaria propuesta por Transbank (diferenciaciones tarifarias que no encuentran justificación en costos), es lo mismo que la resolución valida desde un punto de vista teórico, al permitir una tarifa de estructura mixta donde el componente porcentual se encontraría desvinculado de la estructura de costos de Transbank", sostuvo Falabella.
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