Ante la demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) en contra de 13 automotoras, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el 22° Juzgado Civil de Santiago prosiga con el proceso judicial.
Esta demanda busca compensar a 185.000 compradores afectados por sobreprecios en el transporte marítimo entre el año 2000 y 2012. Con estas reparaciones solicitadas a las trece automotoras se quiere indemnizar a cada afectado con $212.665 por el daño emergente, moral y punitivo causado.
Las automotoras demandadas son BMW, Ford, Chevrolet, Piamonte, Subaru, Valenzuela
& Delarze, Pompeyo Carrasco, Salfa, Salazar & Israel, Portillo, Kia, Derco y Mazda Chile.
“Con este fallo estamos dando un gran paso en dirección a la reparación de las personas que sufrieron un perjuicio económico cuando compraron los vehículos. Un éxito jurídico del equipo legal de ODECU es también una victoria para los consumidores afectados”, comentó Stefan Larenas, presidente de la ODECU.
Los detalles del proceso judicial en contra de las automotoras
En mayo del 2023, la ODECU interpuso una demanda en contra de las 13 automotoras denunciadas. Con lo que el organismo busca conseguir indemnizaciones para las personas afectadas por el sobrecosto del transporte marítimo.
Específicamente se solicita una compensación económica de $212.665 por daño emergente, daño moral y daños punitivos. A su vez, se pide un aumento del 25% en la compensación por la negligencia de las compañías automotrices demandadas.
Durante septiembre del año pasado, luego de su trámite en el 22° Juzgado Civil de Santiago, la jueza declaró la incompetencia ante esta demanda. Esto porque se enfatizó en que el requerimiento se debió presentar en el tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Ante esto, la ODECU decidió apelar en contra de la sentencia de incompetencia. Con lo que lograron obtener una respuesta positiva por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“La Corte validó que son los tribunales ordinarios de Justicia los llamados, en este caso, a hacer efectiva la responsabilidad por infracción a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor de las automotoras demandadas, porque estas no fueron parte de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica ni del juicio seguido ante el TDLC que terminó condenando a las compañías navieras que se coludieron para alzar los precios de los fletes de vehículos nuevos”, comentó Juan Sebastián Reyes, abogado del estudio Pérez Donoso, que asesora a la ODECU.
