Pellegrini & Rencoret Abogados, a solicitud de Cabify, preparó un análisis sobre la regulación de las Empresas de Aplicación de Transportes, conocidas como EAT. El informe plantea serios riesgos en materia de libre competencia en el reglamento que el Ministerio de Transportes presentó a consulta pública.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el congelamiento del parque. La ley establece que las inscripciones de los conductores estará abierto por 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, y que luego quedarán cerradas por 18 meses, pudiendo extenderse estas suspensiones a discreción del gobierno.
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Paula Droguett, gerenta Legal de Cabify, explica a Chócale que “una de las preocupaciones es sobre la forma en que se conformará el registro de conductores, y especialmente cómo van a funcionar los mecanismos de recambio de estos una vez congelado el registro, pues la asignación de cuotas a competidores específicos es muy contraproducente con la libre competencia”.
La ejecutiva advierte que, en caso de que el reglamento entre en vigencia con el mismo texto propuesto, las restricciones y costos asociados podrían dejar fuera a vehículos y conductores por requisitos “desactualizados” —dice—, como la cilindrada y antigüedad.
“Esto va a hacer que se pierda la eficiencia del servicio, disminuyendo la oferta y afectando directamente a las zonas más alejadas y con peor acceso a transporte. Además, en la forma en que está el reglamento se limita la entrada de posibles nuevos actores al país y nuevas regiones, lo que repercute directamente en la calidad y precios del servicio para los pasajeros”, advierte Droguett.
Mayores exigencias a vehículos y posible aumento del desempleo
El impacto de la entrada en vigencia del reglamento podría impactar directamente en el mercado laboral. Desde Cabify advierten que los conductores podrían verse perjudicados si es que no se corrige el reglamento, sobre todo considerando las altas exigencias en las características de los vehículos.
Droguett asegura que la norma obligará a los conductores a “cambiar sus automóviles con frecuencia, debiendo endeudarse para ello y dejando a muchas personas sin esta alternativa para generar ingresos”.
La propuesta de reglamento establece que los vehículos que trasladen pasajeros en aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deben tener una antigüedad máxima de 7 años, y de tan solo cuatro años en el caso de vehículos de cero o bajas emisiones.
Estos plazos se reducen a menos de tres años cuando la ley se encuentre en completa vigencia, o simplemente, determina que en ciertas situaciones solo podrán ser vehículos nuevos. Además de eso, se exige que el motor tenga mínimo 1.4 litros de cilindrada, lo que podría ser un contrasentido en los tiempos actuales.
A ello se suma la obligación de que las empresas se hagan cargo de la contratación de seguros como el SOAP y el requisito de proporcionar antecedentes periódicos de los conductores a las autoridades, lo que generaría dificultades administrativas y una posible exposición que atentaría contra la libre competencia.
“Creemos que este reglamento no toma en cuenta que la gran mayoría de los conductores utilizan las EAT como una forma de generar ingresos temporalmente, en sus tiempos libres o mientras buscan trabajo en sus áreas, lo que no será factible en un contexto de registro congelado y con altas barreras a la entrada”, dice la gerenta Legal de Cabify.
Desde la empresa aseguran que, según cifras del Ministerio del Trabajo, la implementación de la Ley EAT con el reglamento propuesto podría dejar fuera al 0,5% de la fuerza laboral del país. Las cifras de desempleo podrían escalar sobre los dos dígitos, en caso de que se cumplan las proyecciones.
¿Cómo mejorar el reglamento de la ley EAT?
El informe de Pellegrini y Rencoret plantea que la regulación se debe limitar al mínimo indispensable, llamando a evitar que se extiendan las mismas normas que rigen a los taxis para las EAT. El documento hace un llamado a eliminar o reducir las barreras de entrada, medidas que podrían terminar respondiendo a los intereses de los dueños de derechos de taxi y la defensa del sistema de transporte público.
En ese sentido, dicen que la regulación no debe ser discriminatoria y tiene que ser flexible y contemplar eventuales innovaciones. Hacen un llamado a aplicar libertad tarifaria para que estas aplicaciones puedan determinar los precios según la distancia, tiempo y demanda.
Respecto del congelamiento del parque, al menos en una primera etapa de vigencia no hay mucho que hacer. La ley determinó que el registro se abrirá por 6 meses, y que luego permanecerá cerrado por un año y medio. Luego, la decisión de abrir y cerrar las inscripciones dependerá del gobierno de turno. Además, el registro es por empresa y región, lo que podría disminuir el interés de apps por expandirse a otras zonas del país.
“La propuesta de reglamento excede las facultades que tiene el Ministerio de Transportes para regular a las EAT, imponiendo mayores barreras al mercado de las que ya se establecieron en la ley, como el congelamiento del parque, que es la más grave”, asegura María Jesús Cifuentes, abogada de Pellegrini y Rencoret.
En esa línea, Cifuentes sostiene que “el mandato legal le obliga a usar su discrecionalidad de la forma más procompetitiva y menos lesiva posible para la libre competencia, los conductores y los consumidores”.
Por su parte, Pedro Rencoret, socio de Pellegrini y Rencoret, agregó que son varios los temas del reglamento que deberían ser revisados, pero hizo hincapié en que la forma de regular el congelamiento es el más relevante.
“Se crea una serie de trabas, cargas y restricciones que no tienen fundamento en la ley y favorecen al competidor con más participación de mercado, dificultan la competencia, tendrá graves efectos en el mercado laboral y podría significar mayores costos para los consumidores”, dice Recoret.
De todos modos, el abogado es optimista: “Confiamos que la autoridad recibirá los comentarios y hará los ajustes que nos permitan tener un buen reglamento”.
