La Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) inició una acción legal contra un conglomerado de automotoras incluyendo a BMW, Ford, Chevrolet, Piamonte, Subaru, Valenzuela & Delarze, Pompeyo Carrasco, Salfa, Salazar & Israel, Portillo, Kia, Derco y Mazda Chile, la cual busca resguardar defender los derechos de más de 185.000 compradores afectados por el sobreprecio en la compra de vehículos nuevos entre los años 2000 y 2012.
Las automotoras demandadas traspasaron a los consumidores los costos incrementados de transporte marítimo, que se había inflado de manera coordinada y artificial, sin tomar medidas adecuadas para compensar este impacto, pese a la sentencia contra las navieras.
Esta concertación comercial fue sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema en 2020. Las navieras NYK, MOL y CSAV fueron condenadas por su participación en un cartel que violó la Ley Nº 211, al acordar aumentos artificiales de los precios en las rutas marítimas entre Europa y América.
Stefan Larenas, presidente de ODECU, criticó la falta de acción por parte de las automotoras una vez descubierto el cartel. “Las automotoras no tomaron medidas para compensar a los consumidores, como han hecho otras empresas comerciales en todo el mundo. Lo anterior constituye una falta de profesionalismo que deja a los consumidores en indefensión, toda vez que son quienes han soportado directamente los efectos económicos del ilícito y el sobreprecio”.
ODECU, en defensa de los intereses colectivos de los consumidores perjudicados, presentó la demanda para reparar los daños causados por los abusos en los precios del transporte marítimo en la venta de vehículos importados.
La demanda exige que las automotoras paguen una indemnización de $212.665 a cada afectado, en concepto de daño emergente, daño moral y daños punitivos. Se solicitó también un aumento del 25% en la indemnización debido a la negligencia de las demandadas.
Además, se propuso una multa de 0,30 Unidades Tributarias Anuales por cada vehículo motorizado comercializado por cada demandada durante el período de colusión sancionado. El monto total de las multas solicitadas asciende a 55.526.100 Unidades Tributarias Mensuales.