Congreso aprobó Royalty Minero con foco en el financiamiento regional

El nuevo royalty minero establece un esquema tributario a partir de 2024, con parte de los recursos destinados para regiones y municipios.
Este miércoles se aprobó y despachó la ley de royalty minero
Este miércoles se aprobó y despachó la ley de royalty minero

Después de más de cuatro años de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero a la Gran Minería del cobre, una iniciativa que forma parte de la reforma tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La iniciativa establece un esquema tributario que comenzará a recaudar fondos a partir de 2024, con un tercio de los recursos destinados al desarrollo de regiones y comunas del país.

El royalty minero fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa establece un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año.

Se espera que el nuevo esquema tributario recaude el 0,45% del PIB, equivalentes a aproximadamente US$1.350 millones. De esta cifra, US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el royalty minero es “un proyecto pro-crecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile”.

“Hoy podemos decirle al mundo minero que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya saben cuáles son. Van a estar en condiciones de poder evaluar con certeza sus proyectos, poder ponerlos en marcha y poder materializar inversiones que son muy importantes en este sector”, aseguró Marcel.

Autoridades de gobierno asistieron a la Cámara de Diputados para la discusión del royalty minero

En tanto, la ministra de Minería, Marcela Hernando, señaló que la certeza jurídica es uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera, y mencionó que existen actualmente US$ 73.600 millones en 53 proyectos mineros, cuya inversión está avanzada en un 60%. “Esa inversión tiene más posibilidades de concretarse al 2031 ahora que contamos con un Royalty. Durante el 2022, tuvimos diálogos permanentes con distintos actores de la industria, la mayoría de ellos, grandes mineras, estuvieron de acuerdo con este royalty minero”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, enfatizó que esta iniciativa beneficiará a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipios, permitiendo una inyección de recursos muy importante para profundizar la descentralización fiscal.

Las regiones son las mayores beneficiadas del royalty minero

Durante su tramitación en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país.

Para los años presupuestarios 2024-2025, se ha estipulado un fondo de apoyo a las regiones y municipios, que equivaldrá al 50% de lo que recibirán por el Royalty Minero desde 2025. También se ha acordado un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana y un fondo trianual para apoyar proyectos de inversión en infraestructura en las regiones del norte.

El acuerdo también propone cambios en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, como la revisión de la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mayor transparencia y auditoría en los gastos de los gobiernos regionales, y la actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal, que incluirá indicadores socioeconómicos y ajustes de población.

Además, se buscará fortalecer instituciones ligadas a la minería, fomentando una mayor coordinación entre las entidades fiscalizadoras, mejorando la seguridad en las faenas mineras y reduciendo los plazos para la aprobación de proyectos mineros, sin afectar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Esto último se logrará a través de la creación de una mesa técnica que identifique las medidas necesarias para reducir los tiempos de tramitación en un tercio, tarea encomendada a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.


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