Clínica Las Condes (CLC), a través de una inserción en El Mercurio publicada este domingo, se defendió de las acusaciones que un grupo de exmédicos presentó ante Superintendencia de Salud, las cuales se encuentran actualmente en investigación y que fueron dadas a conocer por La Tercera durante esta semana.
Entre las denuncias, los profesionales aseguran que Clínica Las Condes restringiría el acceso a las fichas clínicas de los pacientes, salvo si se atiende en una consulta médica previamente pagada. Esta restricción dificultaría la posibilidad de realizar informes de traslado de un paciente crónico y complejo a otro centro de salud nacional o internacional, informes para Isapres, aseguradoras, empresas u otros.
Respecto de este punto, desde CLC aseguraron haber sido fiscalizados por la Superintendencia de Salud en 2022. “Se resolvió dar término a la fiscalización extraordinaria sin levantar observación alguna, ratificando que estábamos procediendo correctamente con la administración de las fichas de nuestros pacientes, lo anterior, apegado a los términos de los artículos 12 y 13 de la Ley N°20.584, normativa que debe ser cumplida por todas las clínicas y hospitales del país”, dice la declaración de Clínica Las Condes.
“La carta-denuncia de los exmédicos CLC es extemporánea y no tiene nada de novedosa, por el contrario, tiene por objetivo difamar infundadamente las atenciones médicas de excelencia que se otorgan en la Clínica con estricto apego a la ley”, señalaron.
Los doctores también acusaron que la administración no bloquearía las horas de los profesionales que se van de vacaciones, realizando cursos o si han sido desvinculados. Según señalaron, los pacientes llegan a la clínica y se enteran de que serán atendidos por otros facultativos.
Respecto de la pérdida de acreditación de la Joint Comission, a juicio de la Clínica Las Condes esto habría ocurrido por la discrepancia en la contratación de un médico. Se trataría de un oncólogo que fue formalizado por abuso sexual reiterado. La decisión por parte de la organización acreditadora fue tomada “con base en meros trascendidos de prensa, información incompleta y un errado entendimiento de las normas procesales penales vigentes en Chile”, indicaron.
CLC también defendió los motivos que explican el término del convenio docente con la Universidad de Chile. “Se produjo como consecuencia que el día 14 de diciembre pasado la Clínica suscribió un Acuerdo de Alianza Estratégica con la Universidad Finis Terrae, instrumento que otorga exclusividad en la actividad docente a esta última y que hoy se encuentra”, indicaron en la declaración.
Clínica Las Condes acusa campaña de desprestigio en su contra
Finalmente, en la declaración CLC asegura no comprender por qué antiguos médicos de la clínica siguen atacando a la clínica, acusando de que existe una “campaña de permanente desprestigio”.
“No entendemos por qué estos profesionales que están fuera de Clínica Las Condes, algunos por más de 2 años, siguen permanentemente a través de la prensa y redes sociales, desprestigiando a una entidad que les dio muchísimo durante largos años, donde en su gran mayoría han dejado Clínica Las Condes voluntariamente”, expresó la empresa.
“Hoy dificultan a los médicos que con orgullo han decidido ejercer su profesión en Clínica Las Condes, no dejándolos vivir ni trabajar tranquilos, y más aún, desacreditando a sus colegas de profesión que ejercen la medicina al igual que ellos, sin escatimar en destruir la fuente laboral de más de 5 mil personas, y también a la institución más importante de salud del país y reconocida a nivel mundial por sus servicios en salud de alta complejidad”, señala la declaración.
La inserción cierra expresando que “nos preguntamos cuál es la razón por la cual continúan en una campaña de permanente desprestigio, faltando a la verdad en todas sus imputaciones. Nos preguntamos también cuáles son los oscuros intereses que los motivan finalmente“.
Desde que asumió la actual administración que Clínica Las Condes se encuentra envuelta en una serie de polémicas, que incluyen acusaciones de carácter laboral; una triple dosis de vacuna Covid-19 que habría recibido el presidente del directorio, Alejandro Gil, situación que generó conmoción en la opinión pública; la salida de cientos de profesionales del recinto -con importantes desvinculaciones de médicos fundadores-; conflictos con Fonasa por dineros de prestaciones entregadas a pacientes de Coronavirus; y la alta rotación de gerentes generales desde 2020 a la fecha.
