En los últimos meses, los medios de prensa han dado a conocer diversas polémicas protagonizadas por Clínica Las Condes (CLC) bajo la administración de Alejandro Gil, presidente del directorio y marido de Cecilia Karlezi Solari, accionista controladora de la institución de salud. En los últimos días se sumó un nuevo capítulo.
Un grupo de exmédicos, organizados a través de WhatsApp, enviaron una carta-denuncia contra la CLC dirigida a la Superintendencia de Salud por una serie de presuntas malas prácticas en la institución.
En la carta -que fue dada a conocer por Pulso de La Tercera- los profesionales aseguran que “existe un riesgo sanitario que afecta a la población que se atiende en CLC. Ese riesgo fue observado por la Joint Commission International (JCI) que en enero 2023 le retiró la acreditación internacional y también fue considerado por la Universidad de Chile, poniendo fin al acuerdo docente que mantenían desde 2007”.
Entre las denuncias, los médicos aseguran que Clínica Las Condes restringiría el acceso a las fichas clínicas de los pacientes, salvo si se atiende en una consulta médica previamente pagada.
“El hecho concreto de no poder revisar los antecedentes clínicos contenidos en la ficha médica de un paciente, frente a llamados de urgencia o frente a resultados críticos, sin duda aumentan el riesgo de error de medicación, error de diagnóstico, riesgo de suicidio y, por tanto, se da una atención deficiente, muy alejada a lo que estábamos acostumbrados a entregar”, señalaron los facultativos.
Esta restricción dificulta la posibilidad de realizar informes de traslado de un paciente crónico y complejo a otro centro de salud nacional o internacional, informes para Isapres, aseguradoras, empresas u otros
Los doctores también denunciaron que la administración no bloquea las horas de los profesionales que se van de vacaciones, realizando cursos o si han sido desvinculados.
“Los pacientes se enteran de la ausencia del facultativo al llegar a la consulta y pagar la atención, momento en el cual se les ofrece atención por otro especialista, lo que consideramos constituye una maniobra engañosa”, dice la carta, a la que tuvo acceso La Tercera.
La intendenta de Prestadores, Carmen Monsalve, confirmó al mismo medio que recibieron la carta y que se está realizando un proceso de fiscalización a la clínica.
