Este miércoles fue publicada la Ley Fintech en el Diario Oficial, un nuevo marco regulatorio con el que se espera que para 2024 las inversiones en la industria se acerquen a los US$400 millones anuales y que las empresas fintech operativas alcancen las 400.
Gracias al Sistema de Finanzas Abiertas -establecido por la Ley Fintech- los usuarios podrán compartir sus datos bajo condiciones que resguardan su seguridad y con su absoluto consentimiento, disminuyendo así las asimetrías de información que hoy existen en el sistema financiero.
El hito, largamente esperado, fue celebrado por FinteChile, gremio que reúne y representa a más de 100 empresas de la industria. La asociación valoró la llegada de esta normativa que impulsan desde hace 5 años y que dejará a Chile a la vanguardia en materia de tecnología financiera.
“Es una muy buena noticia que potenciará una industria de rápido crecimiento y que será clave para promover una mayor inclusión financiera, más competencia en la industria y también innovación”, señaló Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.
El siguiente paso de la Ley Fintech
Desde que fue despachada por el Congreso, la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) ha estado organizando todo para la etapa que viene: la redacción e implementación de los reglamentos.
Actualmente, el organismo se encuentra liderando una mesa técnica que tiene por objetivo emitir 70 reglamentos en un plazo máximo de 18 meses. En ese contexto, FinteChile comprometió toda su colaboración en esta etapa de trabajo.
“Gracias a esta ley, las empresas fintech podrán continuar ofreciendo servicios financieros digitales, pero contando con garantías para las personas en lo referente a protección de datos, prevención de lavado de activos, etc. Así, será más rápido el camino para que Chile avance hacia la digitalización de los servicios financieros”, aseguró Eduardo Pérez de Castro co fundador de Uper.co.
Esta Ley Fintech establece un marco regulatorio flexible para ciertas empresas que ofrecen servicios financieros que no estaban reguladas o supervisadas por la CMF. Estos servicios incluyen plataformas de financiamiento colectivo, plataformas transaccionales, custodios de instrumentos financieros, intermediación y enrutamiento de órdenes.
La normativa es el resultado de un proceso que comenzó en 2018 y ha contado con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El proceso incluyó mesas de trabajo organizadas por la Comisión, el envío de una propuesta legislativa al Ministerio de Hacienda en 2019 y el trabajo legislativo posterior del Ejecutivo con el apoyo de la CMF y el Banco Central. Se basó en experiencias exitosas de Fintech y Finanzas Abiertas a nivel mundial y regional.
