Banco de Chile presentó una querella por el presunto delito de estafa contra los herederos responsables del uso de productos bancarios de un familiar fallecido en enero de 2021.
La historia se remonta al mediodía del pasado 21 de enero, cuando falleció una persona identificada como I.C.A. En los días posteriores, desde la cuenta y tarjeta de crédito del difundo se habrían realizado una serie de transacciones, como un pago a una comunidad religiosa ($8.500.000), avances en efectivo y transferencias ($9.000.000), una isapre ($647.687), una multitienda ($358.980) e incluso pasajes aéreos ($6.887.209).
Según la acción judicial, todas las operaciones se hicieron desde un dispositivo con la IP de la conexión habitual que utilizaba el titular, además de haber sido usada su clave secreta y dispositivo de seguridad (Digipass).
El gerente de Banca Privada de la sucursal de Avenida Vitacura 3568 fue quien se percató de la situación en mayo. El ejecutivo tomó contacto con el hijo del titular de la cuenta, individualizado como A.C.O., quien habría explicado que “fueron operaciones realizadas por los herederos creyendo que serían cubiertas por el seguro de desgravamen“, según se desprende del relato contenido en la denuncia.
En respuesta, se le informó que estas transacciones no serían cubiertas por el seguro ya que no fueron realizadas por el titular de los productos, y por haberse realizado luego de la muerte del titular. Por lo mismo, le pidieron devolver el dinero a la brevedad.
“A.C.O. le señaló al gerente que no estaban dispuestos a pagar y que eventualmente negociarían un pago parcial con la empresa de cobranza judicial del banco”, señala la querella.
La imposibilidad de recuperar judicialmente las sumas mal usadas a través de un juicio ejecutivo y el hecho de que las operaciones no sean cubiertas por los seguros de desgravamen provocó que dichas deudas fuesen castigadas como incobrarles. La situación obligó al Banco de Chile a asumir un perjuicio de $31.471.009.
Además de la querella criminal por el delito de estafa, la entidad financiera plantea que las operaciones denunciadas podrían constituir alguna de las figuras penales por la Ley de Fraudes. En específico, se considera que hubo suplantación de identidad para obtener autorización para la aprobación de movimientos bancarios.
