Un grupo compuesto por 412 estudiantes de la desaparecida Universidad del Pacífico busca ser indemnizado por un total de $61.800 millones, por falta de prestación de servicios, incumplimiento de contrato y los perjuicios ocasionados luego de la quiebra y cierre del plantel.
La solicitud fue establecida tras la rectificación en los montos de la demanda interpuesta por la abogada Daniela Awad el pasado 3 de diciembre ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, en representación de los jóvenes.
La causa -que data del 7 de diciembre de 2018- tuvo su origen luego de la toma de la sede central por parte de los estudiantes, quienes reclamaban el retraso en los pagos de los honorarios de los profesores, muchos de los cuales se negaron a seguir prestando servicios.
“Esto detonó en la no facilitación de la entrega de los documentos para que los alumnos pudieran optar al cambio de universidad, debido al cierre de la misma”, explicó Awad.
En esa oportunidad, la demanda representaba a 378 estudiantes por un total de $56.700.000.000. Con el paso del tiempo se adhirieron 34 universitarios más, sumando hoy un total de 412 estudiantes, lo que eleva el monto a $61.800.000.000.
“Nuestra demanda se presenta para buscar la reparación de los daños causados a los más perjudicados, dejándolos con sus carreras a medias o perdidas totalmente, causándoles además graves daños psicológicos. Esto, debido a que el incumplimiento de las prestaciones del contrato no solo llevó a que se les perjudicara monetariamente, sino que en cuanto al ámbito de su vida personal y sicológicamente, lo que constituyen hechos gravísimos”, señaló la abogada.
Adicionalmente, en mayo de este año la jurista presentó una querella contra los dueños de la universidad, Pablo Ortúzar y Julio Ortúzar, y hacia el representante legal de Stándar SpA, Juan Carlos Olcay, sociedad que habría adquirido el inmueble donde funcionaba la institución. Se cree que existirían delitos concursales, para lo cual hay una investigación penal en curso, indicó en un comunicado.
Respecto de la arista civil, se espera que una vez que los demandados sean notificados, ellos puedan responder a los hechos. Posteriormente el tribunal podría citar a una audiencia de conciliación, y en caso de no existir acuerdo, el juicio seguiría avanzando.
En tanto, según informó la parte querellante, en el ámbito penal la causa está en plena indagatoria. En caso de que la fiscalía estime que los hechos que sustentan la querella constituyeran eventuales delitos, la causa podría ser formalizada y se podrían las medidas cautelares correspondientes, explicó.
“Esperamos que se haga justicia respecto a las víctimas, quienes vieron sus sueños truncados al quedar desamparados por no poder continuar sus estudios como ellos lo habrían deseado”, puntualizó Daniela Awad.
