La Corte Suprema ratificó una condena al Banco BICE por su responsabilidad en la sustracción de fondos de un cliente, realizada por un ejecutivo de cuentas de la entidad.
El banco deberá pagar un monto -por daño moral- de $20.000.000 a Felipe García-Huidobro, abogado y cliente del banco. Esto porque su ejecutivo de cuentas realizó estafas, hurto de dinero y falsificaciones de instrumentos privados mercantiles y no mercantiles. Delitos cometidos además en contra de otros clientes.
Además, en el fallo se señala que el ejecutivo perjudicó tanto a los representantes del Banco como a los clientes, entre ellos García-Huidobro, en la suma total de $907.212.000. Esto por delitos de estafas reiteradas mediante falsificación de instrumentos privados mercantiles y no mercantiles.
En particular, entre los años 2012 y 2015 el ejecutivo de cuentas sustrajo a García-Huidobro un total de $574.682.700, “lo que a su juicio constituye un gravísimo e inexcusable descuido en el control, supervisión y supervigilancia por parte del Banco BICE respecto de las acciones de su subordinado”, de acuerdo al fallo.
Además, se detectó una operación inusual, en la que ocho clientes depositaron en sus cuentas casi de manera simultánea fondos para cubrir sus sobregiros. Esto motivó la revisión de la situación, detectándose que en los ocho casos los depósitos provenían de la misma cuenta bancaria de una sociedad de propiedad y bajo la administración del ejecutivo de cuentas.
Al hacerse una revisión más completa, se detectaron todas las irregularidades cometidas por el ejecutivo, por lo que el banco interpuso una querella criminal en su contra. El procedimiento terminó con una condena que estableció que el ejecutivo “había obtenido créditos asociados a la cuenta del actor, entre otras, por un monto de $436.929.000, concluyendo que con dichas actuaciones el ejecutivo había engañado a los representantes del Banco BICE, consumando el delito de estafa”.
Finalmente, apenas el banco comprobó la situación anterior, los créditos falsos fueron inmediatamente anulados y se informó de la situación en su oportunidad a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En tanto, el banco intentó librarse de culpa, argumentando que no pudo impedir el hecho y que no tuvo forma de prever o impedir las acciones del ejecutivo. Sin embargo, la Corte Suprema estimó que no se libraría de culpa al banco, el cual deberá pagar $20 millones al cliente afectado.
