El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) detectó una serie de incumplimientos en piezas publicitarias instaladas en la vía pública, entre ellos el uso de letra chica, falta de información exigida por ley y afirmaciones sobre seguridad o calidad que no contaban con respaldo.
Desde 2025, el organismo desarrolló distintas acciones de fiscalización sobre publicidad exterior, con especial atención en territorios y mercados con alta exposición para los consumidores. Según el SERNAC, este formato concentra más del 12,9% de la inversión publicitaria del país.
Entre los principales hallazgos, el ente fiscalizador identificó piezas con textos ilegibles por su tamaño, contraste o ubicación.
También encontró promociones y ofertas que omitían información básica, como su duración, condiciones o cantidad de unidades disponibles cuando utilizaban expresiones como “hasta agotar stock”.
Otros hallazgos del SERNAC
La fiscalización también permitió detectar publicidad de productos financieros que informaba precios o cuotas sin detallar la Carga Anual Equivalente (CAE) ni el Costo Total del Crédito (CTC). Ambos indicadores son relevantes a la hora de comparar las alternativas de financiamiento.
A esto se sumaron afirmaciones sobre seguridad, calidad o sellos que no contaban con antecedentes que permitieran respaldarlas de manera veraz.
Otro de los puntos detectados fue el uso de códigos QR para trasladar información esencial de las promociones u ofertas. Sin embargo, el SERNAC recordó que las propias piezas publicitarias deben entregar los antecedentes necesarios para cumplir con la Ley del Consumidor.
Desde el organismo expresaron que un QR no puede sustituir la obligación de informar claramente las condiciones de una promoción u oferta.
Finalmente, el SERNAC llamó a las empresas a incorporar el cumplimiento de la normativa desde el diseño de la pieza publicitaria hasta su instalación en terreno, con el objetivo de resguardar el acceso de los consumidores a información veraz y oportuna.
El organismo agregó que mantendrá los monitoreos y fiscalizaciones para verificar que los proveedores realicen los ajustes necesarios y cumplan con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor.
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