La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema rechazar el recurso de reclamación presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz de las tiendas de conveniencia Oxxo, en contra de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que acogió el requerimiento de la Fiscalía por entregar de información falsa al notificar la operación para comprar OK Market al grupo SMU.
El fallo del TDLC condenó a CCA, a su vez controlada aguas arriba por la mexicana FEMSA, a pagar una multa a beneficio fiscal de 2.898 Unidades Tributarias Anuales (casi $2.500 millones), por infringir el artículo 3° bis letra e) del DL N° 211, norma que sanciona a quien notifica una operación de concentración entregando información falsa.
En su alegato ante la Tercera Sala del máximo tribunal, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, sostuvo que la sentencia del TDLC reafirma que entregar información fidedigna, completa y oportuna resulta esencial para el control de operaciones de concentración, dado el acotado plazo con que cuenta el organismo para pronunciarse.
El propio TDLC señaló en su fallo que "para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud". El tribunal agregó que la decisión sobre una operación de este tipo "afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir".
Santelices explicó que Oxxo notificó la operación declarando contar con solo 40 antecedentes de aquellos exigidos por el reglamento de notificaciones. Sin embargo, según acreditó el TDLC, la empresa disponía de al menos 60 documentos adicionales, consistentes en 54 estudios "origen-destino" y 6 evaluaciones de apertura de nuevos locales, que no fueron acompañados ni en la notificación original ni en su complemento.
El incumplimiento afectó los plazos de la investigación
El representante de la Fiscalía remarcó que esta omisión no solo constituyó una infracción, sino que obligó al organismo a destinar mayores recursos durante la investigación para reconstruir esa información por otras vías.
Entre ellas, una encuesta a consumidores que replicó datos que ya existían en poder de la empresa, lo que afectó la eficiencia del proceso dentro de los acotados plazos legales de análisis.
La FNE presentó el requerimiento en diciembre de 2022, tras una investigación iniciada en julio de ese año. La acción original incluía además una imputación por incumplimiento de una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la compra de OK Market —la renuncia a cláusulas de exclusividad en contratos de arrendamiento—, materia que se resolvió mediante conciliación parcial en julio de 2023, en la que CCA reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar 500 UTA a beneficio fiscal.
Fue en octubre de 2020 que SMU anunció la venta de su cadena de tiendas de conveniencia OK Market a la empresa de origen mexicano FEMSA, que controla actualmente Oxxo y Farmacias Cruz Verde en nuestro país. La transacción se concretó en febrero de 2022. Sin embargo, casi un año más tarde, la FNE pidió multas a Oxxo acusándola de no entregar toda la información requerida tras la operación y acusándola de incumplir una de las condiciones impuestas para aprobarla.
Oxxo reitera que "actuó de buena fe" y que acatará decisión de la Corte Suprema
Desde OXXO Chile aseguraron que en la audiencia de este lunes en el TDLC sus representantes expusieron los fundamentos jurídicos por los cuales la empresa estima que la sentencia debe ser revisada, reiterando que "actuó de buena fe, con transparencia y en permanente colaboración con la Fiscalía Nacional Económica".
"Sostenemos que en ningún momento se entregó información falsa ni se ocultaron deliberadamente antecedentes, y que nuestra actuación nunca tuvo por objeto entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento", señaló Oxxo.
En esa línea, la empresa sostuvo que los antecedentes cuestionados no habrían alterado la evaluación, análisis y resultado de la operación, "por lo que no existió afectación a la libre competencia ni a los consumidores", sostuvo.
De todos modos, anticipó que aceptará la decisión que adopte la Corte Suprema.
